Una deuda arrastrada 30 años pone en riesgo 8,8 millones de la Junta

El Ayuntamiento de Almería tiene en riesgo el percibir 8,8 millones de euros procedentes del PATRICA de la Junta de Andalucía por una deuda arrastrada desde hace 30 años por el suministro de agua desde el Campo de Dalías a la capital que la administración autonómica pretende ahora compensar con estos fondos.

Para entender el conflicto hay que remontarse a los años 80. Ante una situación importante de escasez en el suministro de agua en la capital, estando como alcalde Santiago Martínez Cabrejas, se alcanza un acuerdo con el IRYDA para que éste suministrara agua a la comunidad de regantes ‘Sol y Arena’ y de ahí, se cediera a la ciudad facturando una cantidad mensual este organismo agrario de la Junta de Andalucía al Consistorio.

Desde el año 1985 hasta el 1993 en el que se ceden los pozos a la comunidad de regantes, el Ayuntamiento de Almería acumula una deuda por este consumo de 961.404.380 pesetas, es decir, 5,77 millones de euros.

A partir de ahí comienza un periplo de encuentros y olvidos sobre esa deuda. Así, desde la administración autonómica se manda una primera notificación para el cobro en febrero del año 1996 que fue recurrido por el Ayuntamiento y que acabó en los tribunales.

Sería el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien el 16 de febrero de 2004 ratificaba la sentencia provincial en la que se consideraban los actos impugnados como ajustados a derecho, es decir, el no asumir el recurso municipal.

Se notifica entonces al ente municipal la intención del cobro cuando el 9 de agosto llegaba a la administración autonómica un escrito del secretario sobre la condonación de la deuda. Escrito que nunca fue respondido. Y es que en el Ayuntamiento de Almería, además, no constaba ni consta documentación alguna sobre la deuda en cuestión más allá de las sentencias y las últimas peticiones.

Olvido
Desde 2004 hasta 2016 la Junta de Andalucía no realiza petición alguna con respecto a esta cuantía. Será en marzo de ese año cuando se reclamen no solo los 5,77 millones de euros si no los intereses acumulados, más de tres millones de euros. Una petición reiterada en 2017.

Esas peticiones han sido siempre contestadas por el Ayuntamiento de la capital argumentando la prescripción de la deuda.

Fue ya el 19 de febrero de este año cuando llega al Registro Municipal la resolución de la Dirección General de Tributos autonómicos en la que se decide que, al cumplirse la normativa para compensar esa cuantía, se retendría el PATRICA en el ejercicio 2019.

Quince días tuvo el Ayuntamiento para alegar ante esta decisión. Dicho recurso se realizaba argumentando la prescripción de la deuda en dos sentidos. Por un lado, que la Junta de Andalucía, según su ley de tributos, tiene solamente cinco años para proceder al cobro de la deuda. Y por otro, la prescripción del derecho para ejecutar la sentencia del TSJA para la que tenían también 5 años.

Negativa
Desde la administración autonómica la visión es diferente. Aseguran que los procedimientos judiciales y las notificaciones paralizan los tiempos y que por tanto la prescripción. A lo que suman una sentencia existente que establece 15 años para poder ejecutar la sentencia.

Con esos argumentos han denegado el recurso municipal y anuncian la retirada de los fondos del PATRICA.

Según explica María Vázquez, concejal de Economía, “los servicios jurídicos ya están preparando un nuevo recurso” y anuncia que, en caso de que no sea admitido por parte de la Junta de Andalucía, llevarán el caso “a los tribunales ya que estamos convencidos de que esta deuda está totalmente prescrita”.

Lo que queda por ver es si este procedimiento judicial frenaría o no la detracción de esos casi 9 millones de euros que tienen que llegar de fondos autonómicos.