La nueva Ley urbanística puede hacer realidad al fin el PGOU de la capital

Ningún otro colectivo profesional ha sufrido en los últimos años tantos vaivenes legales como los promotores y constructores andaluces en general y almerienses en particular. Reformas y contrarreformas de los planes de ámbito regional que han lastrado sus planes de negocio dejando en muy mal lugar el concepto de seguridad jurídica que debe regir cualquier actividad económica.

Con el frenesí del ladrillo en los años que pivotaron en torno al 2005, la Junta de entonces quiso poner coto a esas urbanizaciones desaforada de suelo y de construcción de segunda vivienda, con el POTA y otras normativas que trataban de regularizar el crecimiento. 

Tras el pinchazo inmobiliario, todo hacía prever que se ajustarían otra vez los parámetros de edificación a las necesidades reales. Mientras tanto, el Plan General de Ordenación Urbana de la capital (PGOU), ha ido sufriendo demoras y más demoras hasta sumar ya quince años de tramitación, desde Juan Megino,  dejando varios concejales y delegados de Urbanismo en el camino. Tanto que el propio consistorio capitalino, decidió aprobar un plan específico de modificaciones puntuales y sacar del PGOU algunos de los proyectos para no paralizar más el desarrollo de la ciudad. Otra razón para que la presión de aprobación de un nuevo Plan General no ha ya sido mayor es que con el alto stock de oferta de viviendas, no se ha hecho imprescindible -hasta ahora- el desarrollo de grandes bolsas de nuevo suelo.

Ayer, al respecto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, acordó la tramitación de una nueva Ley de Urbanismo que reforzará la autonomía de los ayuntamientos y permitirá la simplificación y unificación de los diferentes textos normativos existentes en materia urbanística, a través de la Consejería de Fomento.

El Ejecutivo andaluz asegura que ha constatado la necesidad de redactar un nuevo marco normativo que derogue la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que, “tras 16 años de vigencia, ya no responde a los problemas actuales del urbanismo en la comunidad autónoma”.

La nueva Ley de Urbanismo para Andalucía incorporará las medidas positivas del anteproyecto, pero introducirá nuevas líneas estratégicas que permitirán eliminar la maraña urbanística existente. La nueva norma, que se ajustará a criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social, y al principio de seguridad jurídica a través de un marco claro y sencillo, tendrá entre sus prioridades garantizar la reducción de los plazos de tramitación actuales.

Se adecuará el actual modelo de clasificación del suelo a la legislación estatal, distinguiendo entre el estado actual del terreno, lo que marca su régimen jurídico, y las actuaciones de transformación. Igualmente se propiciará un modelo de planeamiento general menos rígido que el actual y que tenga en cuenta el tamaño y dinámica de los municipios, con especial atención a los de menor población.

También se reforzarán las competencias urbanísticas de los municipios en la aprobación de los instrumentos de planeamiento. En esa línea de respetar el principio de autonomía local, la ley pretende regular, de una manera efectiva, el silencio administrativo positivo. Suprimirá las aprobaciones provisionales en planes parciales y en las modificaciones no estructurales de los PGOU

La ley planteará modelos de gestión que permitan el fomento de la colaboración público-privada en el desarrollo de las actuaciones urbanísticas.