Vecinos de El Quemadero se manifiestan contra la orden de desalojo de la Junta

Los inquilinos afectados por la orden de desalojo de las viviendas sociales titularidad de la Junta de Andalucía del barrio de El Quemadero, la mayoría de procedencia musulmana, se han manifestado este martes por las calles de Almería a gritos de “el barrio unido, jamás será vencido” pidiendo que el gobierno autonómico les ofrezca un contrato para el pago de un alquiler social. 

Rashida Esaalohh, inquilina afectada con hijos y familia, ha recibido una segunda carta de desalojo; tras ésta solicita “solamente un contrato de alquiler, igual que a toda la gente. Que la Junta de Andalucía nos haga un favor como a la gente que había antes”.

Mohamed Maiz, otro inquilino perjudicado, decía: “Nos quieren echar de la casa”. Pedía así “un contrato de alquiler, con un pago mensual”. Otro vecino damnificado, Radouvane Abriji, explicaba que habiendo comprado la casa en 2013, “ahora viene una ley para echarnos”. "Nos dejan en la calle con niños enfermos o estudiando”, sentenciaba. Además, lanzaba una pregunta al aire buscando una respuesta que aún no tiene como: “¿Dónde vamos a vivir, en la calle?” y requería al gobierno andaluz que "está para ayudar a la gente y no puede echarnos de las viviendas”, puesto que ellos “no tienen culpa”.

A esta manifestación se han unido el parlamentario andaluz por Unidas Podemos, Diego Crespo, y el candidato número 6 en la capital del PSOE, Eusebio Villanueva. Diego Crespo reconocía la existencia de problemas con el traspaso de viviendas en el barrio pero señalaba a la Junta de Andalucía por “no haber tomado medidas ni hacer seguimiento de los vecinos que viven en el parque público de viviendas”. Reclamaba así a la Junta que “se siente con los vecinos para intentar llegar a una solución lo más justa para que no se queden en la calle ya que tienen hijos, personas mayores y gente enferma”.

Por su parte, Eusebio Villanueva mostraba su apoyo a los vecinos afectados en la manifestación porque estos “con buena voluntad han ido comprando viviendas pero resulta que eran propiedad de la Junta y nadie les advirtió. Ahora se encuentran con ese problema”. Achaca el problema a aquella gente “lista” que se aprovecha de la situación del desconocimiento del idioma de estos inquilinos con orden de desalojo. Pide que la Junta “coja el toro por los cuernos” y que los damnificados “sigan conservando la vivienda” lamentando que “nadie se quiere mojar” pero que “hay que solucionarlo”.