Pacheco se reúne con Bravo para buscar soluciones a la deuda de 8,8 millones

Frenar la detracción de los fondos del PATRICA, que llegan al Ayuntamiento de Almería a través de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la deuda de 8,8 millones de euros que arrastra el ente municipal por impagos en los años 80 y 90 del agua recibida del Campo de Dalías, es uno de los temas que hoy pondrá sobre la mesa el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, con el consejero de Economía, Industria y Energía, Juan Bravo, que visita por primera vez la provincia de Almería desde que asumió su cargo.

Y es que, a pesar de que ya se han mantenido contactos entre ambas administraciones, lo cierto es que la posibilidad de que estos fondos no lleguen al Ayuntamiento sigue siendo una realidad. Tal es así, que desde el ente municipal se ha llevado el caso a los tribunales a la espera de que se produzca la paralización al respaldar la tesis de la asesoría jurídica que defiende que se trata de una deuda ya prescrita.

Para entender lo ocurrido hay que remontarse a los años 80. Ante una situación importante de escasez en el suministro de agua en la capital, estando como alcalde Santiago Martínez Cabrejas, se alcanza un acuerdo con el IRYDA para que éste suministrara agua a la comunidad de regantes ‘Sol y Arena’ y de ahí, se cediera a la ciudad facturando una cantidad mensual este organismo de la Junta de Andalucía al Consistorio.

Plazos
Desde el año 1985 hasta el 1993 en el que se ceden los pozos a la comunidad de regantes, el Ayuntamiento acumula una deuda por este consumo de 961.404.380 pesetas, es decir, 5,77 millones de euros.

A partir de ahí comienza un periplo de encuentros y olvidos sobre esa deuda. Así, desde la administración autonómica se manda una primera notificación para el cobro en febrero del año 1996 que fue recurrido por el Ayuntamiento y que acabó en los tribunales. Sería el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien el 16 de febrero de 2004 ratificaba la sentencia provincial en la que se consideraban los actos impugnados como ajustados a derecho, por lo que rechazaba el recurso municipal presentado.

Se notifica entonces al ente municipal la intención del cobro cuando el 9 de agosto llegaba a la administración autonómica un escrito del secretario sobre la condonación de la deuda. Escrito que nunca fue respondido.

Desde 2004 hasta 2016 la Junta no realiza petición alguna. Será en marzo de ese año cuando se reclamen no solo los 5,77 millones de euros si no los intereses acumulados, más de tres millones de euros. Una petición reiterada en 2017. Esas peticiones han sido siempre contestadas por el Ayuntamiento de la capital argumentando la prescripción de la deuda.

Fue ya el 19 de febrero de este año cuando llega al Registro Municipal la resolución de la Dirección General de Tributos autonómicos en la que se decide que, al cumplirse la normativa para compensar esa cuantía, se retendría el PATRICA en el ejercicio 2019.

Quince días tuvo el Ayuntamiento para alegar argumentando la prescripción en dos sentidos. Por un lado, que la Junta, según su ley de tributos, tiene solamente cinco años para proceder al cobro de la deuda. Y por otro, la prescripción del derecho para ejecutar la sentencia del TSJA para la que tenían también 5 años.