PP y Vox piden más seguridad en las zonas de inmigración

Aceptando una enmienda realizada por el Partido Popular y rechazando las muchas que punto por punto le ofreció Cs, salió ayer adelante con el voto en contra de PSOE y Podemos y la abstención naranja, la primera moción de Vox en el Pleno del Ayuntamiento.

Se trata de una moción reclamando una mayor seguridad en las zonas agrícolas que cuentan con un volumen más alto de inmigración. Para el concejal de Vox, Juan Francisco Rojas, las amenazas y robos a los agricultores almerienses se ha “convertido en algo habitual” asegurando que se sienten “indefensos” y que viven en una situación de “inseguridad y miedo” remitiéndose a la agresión sufrida por un agricultor de Roquetas de Mar el 8 de agosto por un inmigrante “por negarle el trabajo porque dudaba de si estaba aquí de forma legal”.

Desde Podemos se acusó a la formación verde de dar “una visión errónea e interesada” de la situación e invitó a los representantes de Vox “a darse una vuelta por las rotondas de Níjar, Campohermoso, Roquetas, Níjar o Vícar a primera hora de la mañana, y los mismos agricultores de dicen tener miedo van con las furgonetas en marcha para coger mano de obra precaria”.

Bajada de la delincuencia
Rebatió los argumentos de Vox la concejal socialista Fátima Herrera afirmando que se ha producido una reducción de la delincuencia en El Ejido y Roquetas de más del 7,5% y del 9,8 en el último año.

Explicó que la petición de “expulsar a los extranjeros que cometan un delito” no es legal con nuestro Código Penal ya que “hay que respetar la presunción de inocencia y hay que respetar la proporcionalidad” afirmando también que ya existe para penas superiores a un año “el cambiarlo por la expulsión”. Se negaron a apoyar la moción porque “no tiene el objetivo de poner paz o ayudar al colectivo, sino sembrar el odio al inmigrante que en nada beneficia a la situación”.

Multitud de cambios pidió Ciudadanos que no fueron atendidos y solo uno pidió el PP, el de la edil María del Mar García-Lorca, para que se apostara por cambiar los términos del punto 4 “que pueden incitar a la violencia” y abogar porque el Estado “tome iniciativas conforme al ordenamiento jurídico” para solventar este problema.