Ana Julia Quezada no lleva las esposas en la sala de vistas, pero apenas separa las manos sobre su regazo. Aprieta los dedos cruzados y clava los ojos en el suelo. La mirada perdida. Todo el mundo mira hacia su posición. No a ella. A su lado, a un metro de distancia, está la pantalla plana de gran tamaño donde se exhiben las fotografías de la inspección ocular del vehículo donde yacía el cuerpo del pequeño Gabriel Cruz de 8 años.
La presunta asesina parecía ayer bloqueada, desconectada tras cinco días de testimonios incriminatorios de testigos, agentes y peritos. Si el lunes llegó enérgica a la Audiencia Provincial de Almería para defender su verdad con la esperanza de convencer a los miembros del jurado popular (siete mujeres y dos hombres), el viernes se sumió ya en el desconsuelo.
No habló con su abogada, Beatriz Gámez, sentada a su derecha, y no hizo gestos de desaprobación a las palabras de los guardias civiles que, uno tras otros, atacaban la línea de flotación de su estrategia de defensa.
Quezada se mostró ausente. Apenas lloró levemente durante el visionado de las imágenes del coche con el cuerpo de la víctima en maletero, sin mirar en ningún momento a la pantalla. Y pareció dejarse llevar por la sesión sumida en sus pensamientos.
La quinta sesión del juicio oral por el presunto asesinato de Gabriel Cruz Ramírez fue la más árida de las celebradas esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería. Se reservó a las declaraciones de los peritos del departamento de Criminalística encargados de la toma de muestras en la finca de Rodalquilar (Níjar) y en el vehículo inmovilizad en La Puebla de Vícar.
Periciales
Los especialistas confirmaron la presencia de muestras biológicas del menor en el hacha, arrojado por Ana Julia Quezada en la parte trasera del cortijo presuntamente para ocultar su presencia.
También ratificaron que la arena hallada en el cuerpo del menor coincidían con la recogida en la propiedad, de modo que se descartó completamente que el cadáver hubiera sido movido en algún momento desde el 27 de febrero de 2018 y el 11 de marzo, día de la localización.
Más novedoso fue el informe sobre las triangulaciones de los teléfonos realizada por expertos de la Benemérita en el rastreo de señales de telecomunicaciones. La pericial confirmó que Ana Julia Quezada estuvo unas tres horas en Rodalquilar el día del crimen. Durante una hora y 52 minutos su teléfono no tuvo ninguna actividad.
Presuntamente se trata del periodo en el que se produce el asesinato y el proceso de ocultación del cuerpo del pequeño. Luego, a las 18.55 horas, Quezada recibe la primera llamada. Era Ángel Cruz buscando a su hijo.
El juicio se retoma el próximo lunes con la declaración de los médicos del Instituto de Medicina Legal de Almería (IME) y los doctores contratados por la acusación particular para ofrecer una segunda versión de la autopsia.
La vista se celebrará a puerta cerrada por orden de la magistrada Alejandra Dodero, a petición de Patricia Ramírez y Ángel Cruz. La comparecencia no será difundida a los medios de comunicación y tampoco se permitirá acceso a la sala de vistas del Palacio de Justicia de Almería.
El objetivo es evitar la difusión de contenidos sensibles sobre las circunstancias de la muerte del menor, aunque algunos de ellos se conocen ya por el duro informe inicial del letrado Francisco Torres en la jornada del lunes.
Ana Julia Quezada se enfrenta a una solicitud de prisión permanente revisable. Sería la primera mujer en España y el segundo caso de la provincia desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 2015. También piden prisión por dos delitos de lesiones psíquicas a los padres de Gabriel Cruz.
¿Cuánto costó la búsqueda de Gabriel?
Arturo Prieto expuso ayer en el juicio del Caso Gabriel la valoración de los gastos generados en la búsqueda del pequeño. La tasación es de 200.000 euros, como adelantó LA VOZ el 17 de junio de 2018.
El informe clasifica las cantidades en seis grandes apartados. El grueso de los costes corresponde a la movilización de agentes de la Guardia Civil (125.000 euros) y a las dietas correspondientes (35.000 euros) a los 13 días de la llamada Operación Nemo.
El magistrado Rafael Soriano, instructor de la causa, solicitó el informe pericial en abril de 2018. La fiscal Elena Fernández Lora solicita en su escrito de acusación el pago de esa cantidad como parte de las responsabilidades civiles.
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