Cuando un padre tiene que convertirse en detective privado

Lo que sería un trámite fácil y ordinario se convirtió en una pesadilla de 180 días. Cuando en el mes de marzo Luis (el nombre con el que se va a hacer referencia al protagonista) solicita una plaza en el colegio al que, por zona, debe ir su hija, no imagina que se convertiría en un largo proceso de investigación, denuncias e incertidumbre. Seis meses en los que no le queda otra opción que convertirse en detective y abogado, solo por ser padre y luchar por una plaza.

Justo en el instante en el que, el pasado 4 de abril, el colegio de la capital solicitado por este padre publica la relación baremada de los alumnos solicitantes (es decir, la puntuación conseguida por cada niño por diferentes características como el empadronamiento, trabajo de los progenitores o rentas bajas), Luis anticipa lo que ocurriría semanas después: su hija quedaría fuera. En una primera lectura, podría parecer cuestión de suerte, pero pasa a ser de justicia cuando Luis observa alguna que otra puntuación sospechosamente elevada. Es en este momento cuando comienza su labor de investigación.

Expedientes

El 11 de abril, el centro escolar solicitado abre un plazo para que los padres interesados vean las solicitudes de los alumnos. Luis no duda en acercarse y anotar algunos datos que le sorprenden o que intuye que no son del todo verídicos. Sin recursos y solo con nombres y direcciones, decide compartir la situación con otra familia afectada. 

Los primeros días son confusos. ¿Quién puede haber engañado? El sentimiento de culpa le invade en algunas ocasiones: no quiere que los niños se queden fuera pero recuerda que la víctima es su hija, la que tiene que cambiar de entorno por los intereses de otros. 

Comienza, junto al otro afectado, con prudencia y extremo cuidado, a visitar edificios y comprobar buzones. Toca el portero, pide que abran diciendo que es el cartero y tiene unos minutos para realizar fotografías a los nombres de los buzones. Es en una de estas mañanas cuando el otro padre entra en un edificio donde supuestamente está empadronada una de las familias investigadas, cuando una señora le reprocha lo que está haciendo y quiere llamar a la policía por pensar que se trata de alguien peligroso. Aún así, la búsqueda de evidencias tenía que continuar.

Pasean por las calles del barrio con la sensación de que están haciendo algo mal considerado; preguntan en las farmacias, los estancos y hasta recurren a la guardería de la zona para descartar a los que cumplen con las normas. 

Denuncia

Desde el 11 de abril hasta el 22 de mayo, día que se pueden presentar los recursos de alzada, Luis y su ayudante depositan dos denuncias con 12 casos en cada una y un anexo que reúne todas las pruebas conseguidas en unas semanas de tensión y de demasiadas horas empleadas. Al ser unos de los primeros padres que presentan la reclamación, la Policía Autonómica comienza en el mes de junio a comprobar los casos indicados. Es complicado incluso para ellos, ya que las familias que se empadronan en casa de otros familiares para optar a un colegio que le es más de su agrado lo hacen cada vez mejor. Los agentes preguntan por la ropa de los niños y detalles más concretos como cepillos de dientes o medicamentos y juguetes. 

De las 24 familias señaladas por Luis y el otro progenitor, siete han sido tramitadas y posteriormente sancionadas con cero puntos en la relación baremada. Hace tan solo dos semanas, en los primeros días de curso escolar, Luis recibió una llamada: su hija había sido admitida en el centro que está al lado de su casa, al que justamente debe ir. La otra familia, por el contrario, no ha visto recompensado el esfuerzo realizado en estos seis meses. A pesar de que los alumnos que han sido reubicados en otros centros, el pequeño no ha entrado en el colegio solicitado y ahora solo quedan los tribunales.