La Guardia Civil alertó del riesgo para el menor tres meses antes del crimen

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de El Ejido investiga el crimen del pequeño Sergio de siete años de edad y, más aún, los posibles errores cometidos por el sistema de protección del menor.

Sergio Fernández y Ana María Baños estaban inmersos en una batalla judicial que duraba años. La madre tenía la guardia y custodia hasta que el pasado 7 de octubre el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería acordó entregársela al padre. La resolución estaba pendiente de notificar y, por tanto, no se había ejecutado. Solo tres días después, el pequeño murió presuntamente asfixiado en la casa familiar ubicada en la Plaza Río Chico de Huércal de Almería.

Sergio Fernández ha denunciado en diversos medios de comunicación la inacción de las autoridades ante sus reiteradas alertas sobre la situación de desamparo del menor. El comportamiento de Ana María Baños en las últimas semanas había encendido las alarmas.
El padre, muy preocupado, presentó una demanda el 6 de septiembre para “la modificación de las medidas” y la recuperación de la custodia. “No estaba cuidando de forme diligente del menor en asuntos como la asistencia al centro escolar o comidas equilibradas”,  según detallan fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Sin embargo, mucho antes ya existían voces que aconsejaban una intervención. La Guardia Civil emitió un informe técnico el 14 de junio donde instaba a adoptar soluciones para la protección de Sergio Fernández de siete años. La alerta llegaba tres meses antes del filicidio en Huércal de Almería y antes incluso de la demanda interpuesta en septiembre por el padre, según fuentes de la investigación consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA.

El informe de la Guardia Civil se hizo de oficio (sin petición de ninguna parte u órgano) y se remitió a la Fiscalía de Menores y a los Servicios Sociales. Además, se ha aportado al procedimiento instrucción por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de El Ejido, encargado de las diligencias sobre el presunto crimen del pequeño.

La causa permanece bajo secreto de sumario, mientras Ana María Baños está en régimen de protección y en prevención de suicidios en el módulo de mujeres del centro penitenciario de El Acebuche desde el sábado.