El Colegio de Trabajo Social de Almería (COTSA) sale en defensa de los compañeros implicados en la intervención en el caso del pequeño Sergio de siete años, presuntamente asesinado a manos de su madre el pasado 10 de octubre en Huércal de Almería.
Frente a las críticas vertidas por Sergio Fernández sobre la ausencia de una protección efectiva de su hijo a pesar de las denuncias previas, el COTSA avala la actuación de los profesionales en el caso y apunta a una falta de recursos en el área y de coordinación entre actores sociales, policiales y judiciales.
“Desde 2013, los efectivos y recursos en protección de menores se han visto disminuidos a pesar del incremento de la demanda, atención y número de menores sujetos a protección”, señala el colegio en un comunicado con once puntos. “Es necesario implantar la Historia Social Única que evite la carga burocrática y permita el intercambio efectivo de información”, añade el texto.
El COTSA celebró una asamblea extraordinaria el pasado lunes para abordar el asunto. El colectivo ha sido duramente atacado por una presunta inacción en la protección del niño y, sin embargo, aún no existe una versión de la autoridad competente en su defensa.
Los servicios sociales comunitarios en Alcolea y Huércal de Almería dependen directamente de la Diputación Provincial de Almería, que no ha ofrecido declaraciones sobre el caso apelando a la existencia de un secreto de sumario. El silencio genera malestar entre los profesionales, que se sienten como ‘cabeza de turco’. Por eso el COTSA sale a defender la labor de los trabajadores sociales.
“Coordinación”
Pide el colegio “que se establezcan órganos efectivos de coordinación con protocolos consensuados y sujetos a seguimiento, que permitan la actuación integral en situaciones de riesgo de las personas menores, de manera similar a como se articula en los casos de violencia de género”.
Además, añade que la falta de medios provoca situaciones indeseadas como plazas de trabajadores sociales no cubiertas durante vacaciones o bajas, que afectan directamente a la atención a los ciudadanos. “Los trabajadores sociales se consideran por la Ley de Servicios Sociales de Andalucía como profesionales de referencia, por lo tanto, deben ser personal de sustitución inmediata”, indica el comunicado del COTSA.
El padre del menor fallecido denunció que los servicios sociales no actuaron para proteger al niño de siete años y que se le pidieron informes sobre la situación que no llegaron (en cualquier caso, la custodia se resolvió a favor del padre el 7 de octubre).
El COTSA apunta a la posibilidad de hacer peritajes externos. “El sistema de Servicios Sociales no se emiten informes sociales a instancia de parte en un procedimiento judicial, pues el procedimiento que se ha de llevar a cabo es el encargo de un informe pericial”.
Sergio Fernández, asistido por la letrada Josefa Castillo, anunció que tomarían medidas legales para depurar responsabilidades en el proceso de protección del pequeño. Estas medidas son independientes de la acusación por asesinato contra Ana María Baños.
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