Entre el productor en el corazón rural de Marruecos y el consumidor en las calles de Ámsterdam, Bruselas o Berlín existe una larga cadena entrelazada. Dueño, piloto, receptor, vigilante, transportista, nuevo dueño, distribuidor. Las autoridades buscan cortar el circuito del hachís desde la raíz de los grandes traficantes, aunque a veces las operaciones policiales y judiciales se topan con eslabones intermedios.
Es el caso de la denominada Operación Actinolita, desarrollada por agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería durante el último trimestre de 2018. Los agentes arrestaron a siete personas acusadas de gestionar la recepción de alijos de hachís y, más importante, mediar en los pagos. Recoger, entregar, cobrar y repartir.
La operación se desató gracias a un control de la Guardia Civil en el municipio de Huércal de Almería la noche del 24 de septiembre. Los agentes pararon a un vehículo sospechoso a la altura de la barriada de La Fuensanta. A bordo, un matrimonio y dos jóvenes marroquíes.
Las linternas iluminaron el interior de la furgoneta a las 00.30 horas. La luz entró primero, donde luego llegarían las manos de los agentes de la Guardia Civil. Sellados, comprimidos, embolsados, los paquetes de billetes se distribuían en los canales ocultos de la estructura del vehículo. Casi un millón de euros y diez francos suizos en metálico viajaban escondidos en los paneles laterales, el bastidor y la rueda de repuesto.
El hallazgo encendió las alarmas en plena batalla contra el terrorismo islamista y su financiación. ¿Qué hacía una familia marroquí, con condiciones de vida muy precarias, con un cargamento de dinero en efectivo de esta magnitud? ¿Dónde llevaban el dinero? Los detenidos apenas podían articular palabra y sus versiones improvisadas eran “contradictorias e incoherentes”, según indicó la Guardia Civil.
A juicio
El asunto motivó una honda investigación sobre los hechos que, poco a poco, conectó el dinero con una presunta red de narcotráfico. El caso se juzgará ahora en la Audiencia Provincial de Almería y la Fiscalía Antidrogas pide penas que suman los 53 años y medio de prisión por delitos de blanqueo de capitales, salud pública, encubrimiento, pertenencia a grupo criminal atentado a la autoridad y contra la seguridad vial.
Según la Fiscalía, el matrimonio “permanecía en contacto con los dueños del hachís en Marruecos” y gestionaban su recepción en España. Luego cobraban el dinero y lo llevaban personalmente hasta el productor. La peculiaridad no era solo el transporte de estas cantidades de dinero por carretera desde España a Marruecos, sino una segunda fase de blanqueo. Según la investigación, las ganancias se introducían de nuevo en España a través de la frontera. Allí se declaraba el dinero y luego se invertía en la compra de inmuebles. De esta manera, según la acusación, se blanqueaban grandes cantidades obtenidas de la venta de hachís.
El hallazgo de algo menos de un millón de euros en La Fuensanta de Huércal de Almería destapó este circuito de drogas y blanqueo. Después de la localización de la furgoneta, la Guardia Civil realizó un seguimiento de la familia y consiguió apresar un alijo con diez fardos de hachís.
La captura
El 9 de diciembre de 2018, los acusados A. T., F. Z., H. E. A. y L. K. en dos vehículos “realizaron el trayecto entre Almería y Algeciras para recepcionar un cargamento de hachís procedente de Marruecos”, dice la Fiscalía. “Los pormenores de la recepción y el transporte fueron establecidos por los acusados A. E. A. y F. S. (el matrimonio) desde Almería”.
Los cuatro primeros tomaron rumbo hacia Almería. Un vehículo se usó como lanzadera y el segundo como el transporte de la droga, con paquetes en el maletero y los asientos traseros. Pasada la medianoche, “a la altura de la rotonda del polígono industrial San Rafael de Huércal de Almería, agentes uniformados de la Guardia Civil les dieron el alto”.
El 11 de noviembre se realizaron registros en La Fuensanta (Huércal de Almería) y en La Gangosa (Vícar), donde se hallaron evidencias de movimientos dinerarios incompatibles con la vida de pobreza de los acusados (en las diligencias aparecen menciones incluso al robo de un cordero).
Los siete acusados llegan a juicio oral en la Audiencia Provincial de Almería. H. se enfrenta a diez años de prisión, la mayor petición del caso, aunque la Fiscalía sitúa al cabeza de familia como principal responsable. Se trata de A. E. B., al que piden nueve años y medio de prisión.
Herencias, ahorros y fajos en el armario
Los acusados carecían de trabajo y vivían en condiciones precarias y, sin embargo, gestionaban cientos de miles de euros en dinero líquido. La investigación data movimientos sospechosos antes incluso del hallazgo de la furgoneta en Huércal de Almería (24 de septiembre 2018). El acusado declaró en junio de 2017 150.000 euros en metálico en la frontera de Tarajal (Ceuta) procedentes de “ahorros”. Seis meses después, su hija F. Z. declaró también en Ceuta 40.000 euros de una “herencia familiar”, que iba a destinar “a la compra de una casa”. Durante un registro, los agentes descubrieron 16.000 euros en fajos en un armario.
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