La condena por las expropiaciones del paseo se paga a plazos de 5 millones

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en pleno este jueves una modificación presupuestaria de 5,3 millones de euros para empezar a pagar a plazos los más de 26 millones (incluidos los intereses de demora) en los que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) valoró dos fincas expropiadas para prolongar el paseo marítimo de la ciudad, tras las denuncias de sus propietarios.

Aunque la modificación solo recibió el voto en contra de Unidas Podemos y Ciudadanos (PSOE y Vox se abstuvieron, por responsabilidad, por mucho que, como sucedía a los socialistas, “el cuerpo les pedía otra cosa”, como explicaron, y ante el inevitable cumplimiento de una sentencia judicial), y el favorable de los 13 ediles del equipo de gobierno popular, la oposición criticó con dureza la gestión municipal que ha acabado con este enorme varapalo a las arcas públicas.

Como ha informado este diario, el TSJA valoró en algo más de 20 millones de euros dichas fincas -cantidad a la que hay que añadir los intereses- a pesar de que la Comisión Provincial de Valoración, organismo dependiente de la Junta de Andalucía- los había tasado en 3,5 millones en el expediente de expropiación.

Demandas

Los propietarios demandaron a esta Comisión, pero también al Ayuntamiento como entidad expropiante, y que será finalmente quien tenga que pagar todos los platos rotos “en cómodos plazos”, como  ironizó el PSOE, aunque sean ni más ni menos que de cinco millones cada uno.

Los partidos de la oposición criticaron no solo que el Consistorio no fuera capaz de negociar en su día con los propietarios un precio menor o una permuta de terrenos -como se intentó-, sino también, y de forma especialmente severa, que el equipo de gobierno haya “pasado el platillo”, como dijo Miguel Cazorla (Ciudadanos) por todas las áreas para ‘rebañar’ esos más de cinco millones del presupuesto, pero sobre todo que lo haya hecho “metiendo la mano en el bolsillo” de los más de 600 trabajadores de la ayuda a domicilio, tal y como llegó a decir el socialista Pedro Díaz.

Podemos y PSOE calificaron de “mala gestión” y “negligencia”, respectivamente la gestión de estas expropiaciones, mientras que C’s reclamó que se asumieran responsabilidades, algo a lo que se sumó Vox, al entender, como expuso su portavoz, Joaquín Pérez de la Blanca, que “el Ayuntamiento no ha utilizado todos los medios” para evitar que la causa judicial acabara como ha acabado. “Pediremos un informe para que se nos aclare su actuación”, añadió De la Blanca.

En todo caso, los mayores reproches fueron planteados por Pedro Díaz, quien lamentó que el pago de estos “casi 30 millones” no era sino el resultado “de una nefasta gestión del PP, y que por su “pasividad” se podría “hipotecar el futuro de las inversiones” del Consistorio, teniendo en cuenta, como dijo, que “30 millones de euros es lo que se ha presupuestado en los dos últimos años para inversiones en Almería”.

Tanto Díaz como De la Blanca incidieron en esa presunta pasividad municipal al lamentar que el Ayuntamiento no contestara, como codemandado que era, a la demanda presentada por los propietarios de los terrenos en su día.

Réplica popular

El edil de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, sacó el paraguas para afrontar esta lluvia de críticas y defender la gestión del equipo de gobierno, por mucho que entre sus actuales ediles no quede ninguno de los que llevaron a cabo el expediente de expropiación. Y es que, como recordó, el único 'superviviente' de aquel tiempo es el concejal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, entonces en las filas del Gial de Juan Megino.

Alonso replicó que “al Ayuntamiento no se le puede achacar nada en este caso, ni una sola negligencia, ni se puede poner en duda la profesionalidad del servicio jurídico”. También se escudó en el hecho de que la demandada -y la principal responsable del pago incorrecto por los terrenos- fue la Comisión Provincial de Valoración, que, por cierto, “sí contestó a la demanda, aunque esto es algo que no tuvo ninguna incidencia en el resultado final” ni en la sentencia, argumentó.

En cualquier caso, aseguró que el Consistorio, “gracias a la buena gestión del equipo de gobierno”,  dispone de un “colchón” económico para hacer frente a la sentencia y que, por tanto, no va a quedar en bancarrota. Alonso también quiso dejar claro que la cantidad a pagar ascendía a 26 millones, por mucho que el PSOE hablara en el pleno de 30 y Ciudadanos de 28.

El alcalde, perplejo

Tras la confrontación y las críticas, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, pidió la palabra para dar explicaciones, especialmente por el millón de euros que según la oposición se habrían poco menos que arrebatado de los bolsillos de los trabajadores de la ayuda a domicilio. Pacheco se declaró “perplejo” por estos reproches y confirmó su compromiso para subirles el sueldo, para que llegara a los 1.000 euros mensuales. Y explicó que precisamente para ello, el Ayuntamiento había establecido en el pliego de condiciones para el nuevo contrato que se valoraría especialmente para la adjudicación que se realizase una subida salarial a los trabajadores.

No obstante, el recurso judicial de la patronal ha paralizado este proceso y hace inviable que el Consistorio pueda utilizar esta partida. Fernández-Pacheco ha instado al socialista Pedro Díaz, al portavoz de Ciudadanos Miguel Cazorla, y a la portavoz de Podemos, Carmen Mateos, “a que digan cómo puede el alcalde dar un millón de euros a las trabajadoras, cuál es la fórmula que conocen, la fórmula de la que están tan seguros por la que puede el Ayuntamiento gastar ese dinero dándoselo a las trabajadoras porque parece que saben más que todos los técnicos de este Ayuntamiento”. En este sentido, ha señalado cómo de haber esa fórmula, nadie debería dudar de que “este Ayuntamiento daría rápido ese dinero”.

Para Pacheco, la apuesta por la mejora salarial de este colectivo está fuera de toda duda. “Nunca fue promesa o palabrería”, al contrario, “fue un compromiso publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea”.