Un centenar de trabajadores de Educación Especial ven peligrar sus empleos

La situación se repite y la incertidumbre vuelve a reinar entre los trabajadores de los centros educativos públicos de la provincia de Almería a cuenta del traspaso de trabajadores de empesas privadas a la cartera de empleos de la Junta de Andalucía.

Si hace unos meses eran más de una decena de monitoras de Infantil de Almería las que vieron como sus contratos finalizaban como consecuencia del "cambio de criterio de contratación" de la Junta, ahora son los 94 trabajadores de Personal de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (PTIS) de la provincia los que se encuentran en la misma situación: están contratados por empresas externas y sus puestos pasarán a ser para personal laboral fijo de la Junta de Andalucía. 

Lo harán sus puestos, ellos, aseguran, "aún está por ver" si serán subrogados, despedidos o podrán participar en la bolsa común. Así lo denuncian desde el Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO), además de algunos de estos monitores, que prefieren mantener el anonimato por temor a posibles represalias ("están en juego nuestros contratos y nuestra entrada en la bolsa común", explican), y que se han visto sorprendidos en estas últimas semanas por los movimientos en esta materia y que en toda la comunidad autónoma afectan a alrededor de 1.200 trabajadores.

Junta de Andalucía

"El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, anunció en julio que esto iba a pasar de manera progresiva hasta 2022 para ir sacando un total de 1.500 puestos, pero deben afinar y aclarar cómo será el proceso de reversión que está dispuesta a llevar a cabo", aseguran desde el sindicato, que añade: "Es necesario que haya soluciones laborales para este personal que presta el servicio desde el año 2000, cuando se creó la primera plaza externalizada. Porque en lugar de crearse y aumentarse el número de puestos de empleo público en la enseñanza, en la actualidad hay casi el doble de plazas externalizadas que de plantilla en la Junta de Andalucía".

Los trabajadores, que el pasado 28 de octubre se echaron a la calle en todas las provincias andaluzas para denunciar su situación, por su parte, no se muestran "ni confiados ni no confiados", pues, aseguran, "no tenemos ni idea de qué va a pasar". Así, lo único que han conocido en las últimas semanas son los movimientos de sus contratos.

"Hay empresas que han visto que va a haber muchos cambios y no se les costea tener nuestros contratos, que han salido de nuevo a concurso público y, ahora, en mitad del curso, han pasado a pertenecer a otra empresa", aseguran un grupo de afectadas que aún desconocen si sus contratos serán subrogados, anulados o, al menos por este curso, permanecerán inalterables.

"Actuar"

Pero la ausencia de explicaciones, aseguran desde el sindicato, es lo único que han conocido al respecto. "Estábamos esperando una respuesta y dado que no llega hemos tenido que actuar. Nosotros queremos empleo público, pero con garantías. No puede ser que estos trabajadores que ya tienen incertidumbre e inseguridad cada verano por saber si volverán o no a trabajar, ahora no sepan si van a poder entrar en la bolsa común, que no sabemos cuándo va a abrirse, o no van a ser contratados más", apuntan desde el sindicato.