Los técnicos niegan ser responsables últimos de la adjudicación del Mesón Gitano

Con la declaración de dos de los tres funcionarios municipales del Ayuntamiento de Almería acusados de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en la adjudicación del proyecto y obra del Mesón Gitano a la mercantil Facto, comenzaba ayer este juicio oral en el Juzgado de lo Penal 5, en la ambos técnicos aseguraron en todo momento que la decisión final de la adjudicación, en ningún caso, dependía de ellos sino del consejo de administración de la empresa municipal ‘Almería Urban’.

Declaraba en primer lugar el entonces jefe de servio del área de Servicios Municipales y actual jefe de servicio de Promoción de la Ciudad, J.M.S., para el que se solicita una pena de cuatro años de prisión y 17 de inhabilitación.

Durante su intervención explicó que su participación en todo el procedimiento se ciñó a la elaboración del pliego de condiciones técnicas junto a otros dos técnicos no  imputados, otro funcionario y el arquitecto de la empresa municipal; así como la realización del posterior informe de valoración de las ofertas de licitación dentro de “un equipo de seis técnicos: dos arquitectos, dos ingenieros de caminos, un ingeniero industrial y un ingeniero agrícola”, y ya tras la adjudicación, fue “técnico coordinador” junto al otro funcionario no imputado “de las obras realizadas por la empresa Facto”.

Ante las preguntas del fiscal sobre la importancia de este informe de valoración para la decisión final de la adjudicataria, el acusado aseguró que “el informe técnico solamente eran 30 de los 100 puntos” que se otorgaban a la oferta, siendo 70 la valoración económica.

Explicó que el informe “realizado por consenso” se emitía para que después “fuera la mesa de contratación la que decidiera la propuesta de adjudicataria que iba a elevar al órgano de contratación, el consejo de administración de ‘Almería Urban’” pero que “no era ni preceptivo ni vinculante”.

Además añadió que tanto él como los otros dos técnicos involucrados en el proceso elevaron a la mesa de contratación otro informe anterior en el que se explicaba que había “dos proyectos idénticos” que eran los correspondientes a Facto y a Salcoa, por lo que ambas tenían la misma puntuación técnica para que “se valorara ese aspecto singular y que se adoptasen las medidas oportunas”. No fue hasta que “la mesa decide continuar con el procedimiento, cuando se pasa el informe de valoración”. 

Sería la fórmula matemática de la oferta económica la que establecería que Facto debería ser la adjudicataria.

Preguntado J.M.S sobre si tenía algún interés en Facto, aseguró no tener ninguno a pesar de que su hija trabajaba en ella como auxiliar administrativo. Esta hija contaba a su vez con un 20% de participación en la empresa Mirlo Inversiones Levantinas junto a su madre, que poseía otro 9% de la sociedad, comprada como bien privativo al encontrarse en separación de bienes. Mirlo a su vez  formaba parte del accionariado de la mercantil Facto.

Incompatibilidad
No consideró el acusado que hubiera motivo de incompatibilidad en su participación en este proceso administrativo en ningún momento ya que las acciones en la adjudicataria final no eran suyas y “las decisiones que se tomaban eran colegiadas”.

Explicó J.M.S. que desde octubre de 2014 y  “a través de un abogado”, su esposa había intentado vender las acciones a la dirección de Facto por su propia enfermedad y ante la disconformidad de su hija en la empresa, pero que “no se formalizó la escritura por cuestiones no llegamos a entender” y que es entonces cuando le cuenta la situación a otro de los funcionarios acusados, D.L.A: “para desahogarme, como amigo”.

La investigación posterior demuestra que se produce una conversación entre D.L.A. y A.A.O., gerente de Facto y también imputado en la causa, en la que se habla de esta venta frustrada, reconocida por el primero ayer durante su declaración ante el juez. En esta misma comparecencia aseguró que en esa conversación A.A.O. le pregunta cómo está J.M.S. y que él se limita a decirles que “está enfadado porque no termina de salir la venta”.

En su declaración D.L.A., para el que se piden 39 meses de prisión y 15 años de inhabilitación, explicó que su única participación en el procedimiento fue estar en la mesa de contratación que eleva la propuesta al consejo de administración tras comprobar que “se cumplen todos los requisitos formales” y después de que “la secretaria de la mesa explicara que se iba a llevar a la Agencia Andaluza de la Competencia la existencia de dos proyectos iguales”.

Preguntado por la relación de su hermano con Facto, aseguró que ésta había terminado “meses antes” del proceso.