PP aprueba todos los reconocimientos de crédito con críticas

Con críticas, con cambios de compañeros de viaje, con ruleta de abstenciones y negativas, el pleno aprobaba ayer un total de 16 reconocimientos extrajudiciales de crédito por un valor de casi 385.000 euros.

Las críticas por lo que consideran un abuso de este tipo de forma de pago en el Ayuntamiento de la capital abundaron a lo largo del debate de todos los puntos por parte de la oposición municipal.

Sin duda uno de los puntos más calientes, quizá porque el debate se repite cada cierto tiempo desde hace más de año y medio, es el famoso contrato de telefonía. El procedimiento para adjudicar el contrato se ha visto sometido “a todo tipo de recursos” por el operador actual, según explicó la concejal de Alcaldía, María del Mar Vázquez. De hecho anunció que “se ha presentado otro más” y que no se descarta acudir a los tribunales para desbloquear la situación.

Una situación que entiende el portavoz de Cs, Miguel Cazorla, que es en parte culpa del operador pero también porque “se han hecho mal cosas desde el Ayuntamiento”. Y es que durante todo el debate estuvo el portavoz naranja pidiendo al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que le dijera a su equipo que “se evitaran este tipo de situaciones”. Siguió así Cazorla su doctrina de negarse a votar los reconocimientos que considera que corresponden a elementos que eran previsibles. 

Desde el Grupo Municipal de Podemos su portavoz, Carmen Mateos, pidió que “se presupuesten mejor” de  cara al año que viene los servicios y que se aprueben “los contratos a tiempo”.

El criterio empleado por el Grupo Municipal de Vox lo explicaba su portavoz, Joaquín Pérez de la Blanca, “cuando se entienda que el gasto podría ser previsto, se votará que no, y si es por razones accidentales o extraordinarias, nos abstendremos”.

Excepción
Por su parte la portavoz socialista, Adriana Valverde, defendió que aunque se trata de una fórmula legal, debe ser “una figura excepcional” y sin embargo, en este Ayuntamiento “se usa en demasiados casos”. Y se emplea porque no existen contratos que avalen esas facturas y, en muchos casos, cuando se trata de “gastos previsibles”. En esas circunstancias, no debería de suceder dentro de una gestión “eficaz, diligente y con previsión” que la responsabilidad legal del pago a esos proveedores recaiga sobre los representantes políticos del pleno”. 

Por su parte el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, calificó estas críticas de “ruido” defendiendo la “legalidad” del sistema que se usa en todas las administraciones como “los 59 que se han aprobado en Sevilla o los 38 que se han hecho en Madrid”. Además, aseguró que se trata de debates “sin peso político”.