La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería sienta en el banquillo a un empresario hostelero acusado de cuatro presuntos delitos sexuales sobre una menor de edad entre 2003 y 2011.
La Fiscalía solicita una condena de 34 años y dos meses de prisión por un delito continuado de abuso sexual, un delito continuado de agresión sexual, un delito de abuso sexual con penetración y un delito continuado de utilización de menores para la elaboración de pornografía infantil.
La víctima es la hija de la expareja del acusado A. F., con quien convivió en dos etapas, y ayer prestó declaración ante el tribunal a puerta cerrada y protegida por una mampara. La Fiscalía describe en su escrito de acusación los presuntos delitos repartidos en cuatro bloques. El primero data del periodo entre 2004 y 2006 en un cortijo del área metropolitana, cuando la menor tenía entre 12 y 14 años de edad.
A. F. admitió en la sala de vistas la existencia de “una relación de cariño” con la niña, “consentida y conocida por la madre” a partir de 2008”, según su declaración a preguntas de la fiscal Déborah Díaz-Jiménez. Además, afirmó que mantuvieron relaciones sexuales sin penetración porque “quería preservar su virginidad”. “Hemos tenido una relación de cariño y, a lo mejor, no lo hice bien porque yo estaba enamorado”, aseguró A. F.
El empresario de nacionalidad española mantuvo dos grandes argumentos para su defensa. Por una parte, afirmó que las relaciones íntimas eran consentidas y que la menor “se desnudaba y se insinuaba”. “Ella no me decía que no, nunca me dijo que no”, añadió A. F.
La edad legal
Y, por otra parte, recalcó en su declaración que estos contactos supuestamente consentidos se produjeron siempre después del año 2006, cuando la menor había cumplido ya los 14 años.
Este detalle es especialmente importante para el caso porque en la fecha de los hechos la edad de consentimiento sexual se mantenía en 13 años. El propio acusado esbozó este punto en su testimonio. “Busqué la edad de consentimiento sexual en Google”.
La Fiscalía discute esta versión con informes periciales y policiales y con las propias testificales. De hecho, destaca que la víctima “presenta sintomatología ansiosadepresiva clínicamente significativa, existiendo síntomas de estrés postraumático con notorios signos de evitación, reexperimentación y aumento de la activación”, como consecuencia “de la conducta del acusado”.
La fiscal pide también una indemnización de 50.000 euros por los daños morales a la joven, además de penas de alejamiento, prohibición de comunicaciones y libertad vigilada para el acusado A. F.
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