El tribunal de Poniente afronta una decisión clave antes de las testificales

La segunda sesión del juicio oral del Caso Poniente cumplió con la agenda prevista y, a pesar de la multitud de abogados personados en el proceso, se convirtió en un monólogo. Las defensas en bloque hablaron con una sola voz para solicitar la prescripción de los delitos fiscales y, de este modo, atacar la línea de flotación de las acusaciones.

Los delitos contra la Hacienda Pública constituyen el grueso de las peticiones de prisión de prácticamente todos los procesados en la macrocausa por el presunto saqueo de las arcas públicas de El Ejido.

La situación del ex alcalde de El Ejido es paradigmática. El fiscal anticorrupción de Almería, Jesús Gázquez, solicita 64 años de cárcel por la comisión de 19 delitos entre los años 2002 y 2009. De ellos, 16 son delitos fiscales y suponen una petición de 52 años de prisión, según el escrito de acusación. La anulación de estos delitos es, por tanto, vital para las defensas.

Pero, ¿en qué se basan las defensas? ¿Por qué hay un debate sobre la prescripción de delitos? La explicación pasa por una cuestión de fechas y acusaciones. Los delitos fiscales enjuiciados en el Caso Poniente prescriben a los cinco años. El reloj comienza a correr en la fecha obligada para la declaración de los impuestos, es decir, el año siguiente en la declaración de la renta y en el trimestre en la declaración del IVA, y se para cuando se produce una detención o imputación judicial.

Y aquí radica la controversia. El Juzgado de Instrucción número Dos de Almería mencionó las sospechas de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en una providencia de junio de 2011, pero no detalló años fiscales ni personas afectadas por los indicios de criminalidad. Las imputaciones concretas aparecieron posteriormente en la apertura de juicio oral, ya en el año 2017.

Así pues, los magistrados Társila Martínez, Ignacio Angulo y Jesús Martínez Abad tienen que decidir si existían acusaciones formales para frenar el reloj de la prescripción o, por el contrario, las imputaciones aparecieron después de los mencionados cinco años.

Argumentos
Las consecuencias de la decisión son capitales para el devenir del Caso Poniente. Aceptar los argumentos de las defensas supondría una dura crítica a la instrucción y, más aún, sometería a los escritos de acusación a una severa dieta de adelgazamiento.

“Mi representada fue detenida el 20 de octubre de 2009 y presta declaración el día 21 pero nada se decía del delito contra la Hacienda Pública”, explicó Carlos Ferre, abogado de Isabel Carrasco (se enfrenta a una petición de 85 años de cárcel), esposa del ex interventor José Alemán. “Hay una resolución de junio de 2011 donde se nos invita a declarar, si lo tenemos a bien, por un delito contra la Hacienda Pública, pero sin ninguna concreción a quién se le puede imputar y por qué”.

“Hay una falta absoluta de imputación de unos hechos a lo largo del procedimiento”, añadió Miguel Ángel Torres, letrado del empresario Juan Antonio Galán (se enfrenta a una petición de 174 años de cárcel).

Por otra parte, durante la segunda sesión las defensas apuntaron también otras cuestiones previas que aludían a presuntas irregularidades en los registros domiciliarios (por ejemplo, en el caso de Ambrosio Cuevas) o en el tiempo de detención (por ejemplo, en el caso de Juan Antonio Galán).

El tribunal estudia una presunta malversación de caudales públicos entre los años 2002 y 2009 a través de la empresa mixta de servicios Elsur. La Fiscalía pide 1.500 años de cárcel para los procesados.