“Nos gustaría que se remediara este desmán sin repetir el juicio”

Elena Fernández Lora, Esteban Hernández Thiel y Francisco Torres cambian el Palacio de Justicia de Almería por el histórico Palacio de la Chancillería de Granada para reeditar el debate jurídico iniciado tras el crimen del pequeño Gabriel Cruz Ramírez en Rodalquilar (Níjar, 27 de febrero de 2018).

 a fiscal, la defensa y la acusación particular mantuvieron posiciones enfrentadas en una vista oral celebrada la mañana del miércoles en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y destinada, nada menos, a debatir la posible celebración de un nuevo juicio.

La Audiencia Provincial de Almería condenó en septiembre a Ana Julia Quezada a prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía y a otros ocho años y tres meses de cárcel por dos delitos de lesiones psíquicas y dos delitos de daños morales a los padres. Sin embargo, la sentencia no satisface plenamente a ninguna de las partes.

La defensa y la acusación particular quieren un nuevo juicio porque creen que la magistrada Alejandra Dodero orientó al jurado hacia un delito de asesinato con alevosía. Hernández Thiel busca una opción más ‘suave’ y Torres una más ‘dura’. Mientras, Fernández Lora rechaza un repetir el  juicio y solo solicita eliminar los delitos de daños morales.

Y en este contexto, con una sentencia discutida y la acusada esperando noticias desde la cárcel de Brieva (Ávila), las partes tomaron la palabra este miércoles en Granada. Antes ellos, los magistrados Lorenzo del Río (presidente del TSJA), Juan Ruiz-Rico (expresidente de la Audiencia Provincial de Almería) y Miguel Pasquau.

Esteban Hernández Thiel subrayó en su intervención las presiones sufridas durante el proceso. “Se ha producido una vulneración del derecho a un juicio justo. Solicitamos que sus señorías introduzcan algo de cordura. Justicia, señorías”. La defensa insiste en que el versión de Quezada es compatible con un homicidio imprudente por un arrebato y critica las directrices de la magistrada a los miembros del jurado popular que llevaron a la condena por asesinato y, en consecuencia, a la prisión permanente.

Posiciones
Por su parte, Francisco Torres ataca las aseveraciones de la magistrada Alejandra Dodero sobre la preparación de los peritos contratados por la familia, que discutían la versión de una muerte por asfixia y que llevaron a los miembros del jurado a determinar la existencia de alevosía, pero no un ensañamiento. “Sin ninguna duda, un tribunal profesional habría estimado el ensañamiento”. “Nos gustaría que se pudiera remediar este desmán, aunque es complejo por cómo está recogido el recurso de apelación en la ley, y que la sala pudiera acoger el ensañamiento sin necesidad de repetir el juicio, pero quizás no quepa otro remedio”, añadió la acusación particular.

En cambio, la fiscal Elena Fernández Lora puso el foco en el trabajo realizado por los componentes del jurado para obtener un veredicto razonado y basado en la exploración meditada de las pruebas. “Los miembros del jurado descartan la prueba pericial de parte porque el informe del Instituto de Medicina Legal es más sólido y contundente, y compatible con el relato de hechos que el Ministerio Fiscal ha mantenido”.

Insiste en el peso de la autopsia. “Las lesiones en labios y nariz” son fruto de “la fuerza brutal y desproporcionada utilizada por la acusada en un acto único e ininterrumpido” y no habrían aparecido si la agresión se hubiera producido “en un estado de semiinconsciencia por una paliza, como sostiene la acusación particular”.