Aunque la 'Plataforma por la escuela pública' ha convocado para el próximo miércoles 4 de marzo una jornada de paro en los centros educativos de Andalucía en protesta por el nuevo decreto de escolarización aprobado por la Junta , la huelga parece al día de hoy aún en el aire, según las impresiones de representantes sindicales recogidas por este diario.
Esto es así a pesar de que entre la mayoría de los sindicatos existe el convencimiento de que este decreto supone un ataque directo a la enseñanza pública y un apoyo más o menos encubierto a la concertada.
De momento, la huelga ha sido convocada por quienes integran esta plataforma -CCOO, CGT, UGT, Ustea, Codapa y el Frente de Estudiantes-, aunque otros grandes sindicatos del sector, como CSIF o ANPE aún no se han sumado, aunque se han declarado contrarios al decreto. Es más, entre algunos de los miembros de la plataforma también se considera que, aunque puedan estar de acuerdo con la cuestión de fondo, el rechazo al decreto, el paro se ha convocado con excesiva precipitación, sin que previamente se haya informado adecuadamente a la población y sin que se haya alcanzado el consenso necesario.
Esta es la visión, por ejemplo, de Iván Martínez, secretario de Enseñanza de la FeSP de UGT Almería, quien cree que la huelga se ha convocado “con demasiada rapidez” ,que está demasiado cerca, con lo que no habrá demasiado tiempo para prepararla. Todo ello hace que este sindicato aún no tenga claro ciertamente si el paro podrá confirmarse definitivamente para ese día.
‘Campaña informativa’
Para Martínez, es necesario que antes de la huelga se desarrolle una ‘campaña’ para informar sobre los motivos de rechazo al decreto. “En realidad no modifica muchas cosas, pero sí algo que es especialmente ‘sangrante’, como es la consideración, a partir de ahora, de que la demanda social será la que determine el desarrollo de nuevas unidades de educación”, ya sea en el sistema público o privado.
Esto es, añade, lo que ya ha pasado en Madrid, y lo que ha significado un gran crecimiento de la enseñanza privada concertada, hasta alcanzar el 47% del total de alumnos, mientras que en Andalucía es actualmente del 20%, al igual que en Almería, donde se concentra en las grandes ciudades.
Iván Mártínez cree que este decreto contribuirá también a favorecer el “negocio” de la educación privada, aunque el Gobierno andaluz hable de la libertad de elección de centros educativos. No obstante, UGT tampoco quiere convertir esta huelga en un enfrentamiento con la enseñanza privada.
Otros sindicatos en la provincia, como USTEA, en cambio sí preparan ya la huelga del 4 de marzo. “El paro va para adelante”, dice con rotundidad un portavoz de este sindicato en Almería, a pesar de que aún existan dudas sobre el respaldo de diferentes sindicatos.
CSIF
Entre ellos se encuentra la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, que además es la primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Andalucía, y que este jueves ha planteado un calendario de movilizaciones que se decida de forma conjunta por todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación “contra el nuevo decreto de escolarización aprobado por el Consejo de Gobierno y cuyos ajustes van en detrimento de la enseñanza pública”.
El Sector de Educación de CSIF quiere propiciar una reunión de la Intersindical de todas las organizaciones presentes en la Mesa Sectorial para, a ser posible, decidir medidas conjuntas encaminadas a que la Administración educativa "reconsidere los ajustes aprobados para el proceso de escolarización que suponen un claro ataque a la escuela pública". En relación a la convocatoria de huelga, Csif mantiene que dicha posibilidad deberá ser analizada en el seno del Comité Ejecutivo del Sector de Educación de CSIF.
Eso sí, el sindicato ha expresado su rechazo de plano al nuevo decreto de escolarización, aprobado “sin contar con el sentir de la comunidad educativa”. Y considera que se trata de una medida que supone un “ataque en toda regla a la enseñanza pública”.
"Más derechos para las familias"
El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha destacado este jueves en el Parlamento que el nuevo decreto que regula los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato es más moderno, avanzado, transparente y otorga más derechos a las familias.
Imbroda ha defendido que la nueva norma es el “decreto de las familias” porque parte del postulado básico de dar a los padres “la libertad para elegir el centro escolar de sus hijos. Además, incorpora el concepto de demanda social y facilita el agrupamiento de hermanos”.
Asimismo, dice que es una norma más moderna, ya que progresa en la administración electrónica y en protección de datos. También incluye medidas para avanzar en la transparencia del proceso con el mantenimiento de las listas de espera hasta el inicio de las clases en la etapa educativa correspondiente, es decir, hasta septiembre. De esta forma, nadie podrá acceder a una plaza por el procedimiento de escolarización extraordinario antes que quienes en el procedimiento ordinario estuvieran en lista de espera en función del baremo.
Igualmente, Imbroda ha informado de que el decreto es más avanzado que el anterior porque se ajustan los baremos para dar más puntuación a quien más lo necesita, por cuestiones de renta o por sus circunstancias familiares, lo que facilitará la conciliación.
Durante su intervención, el consejero ha incidido en que el nuevo decreto ha nacido del diálogo con la comunidad educativa con la que se ha mentenido más de 350 reuniones. Imbroda ha informado también de que se han incorporado 28 de las 55 recomendaciones que hizo el Consejo Escolar de Andalucía, es decir más del 50%.
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