La abstención de Cs y Vox permite la aprobación definitiva del presupuesto 2020

El de esta mañana ha sido un pleno diferente. Una sesión realizada sin más público que la prensa y en la que los propios concejales han decidido guardar más de un metro de distancia entre ellos para cumplir con las recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus, llegando al punto de que tanto las concejales populares Sacramento Sánchez y Margarita Cobos, como el socialista José Antonio Alfonso, apostaron por sentarse en la bancada del público. Ausentes estuvieron el concejal de Vox, Juan Francisco Rojas, en cuarentena aún tras su presencia en el mitin de Vistalegre de su formación junto con Santiago Abascal y Javier Ortega Smith, ambos positivos en coronavirus; y la socialista Fátima Herrera, que se encontraba indispuesta.

A pesar de la situación, y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de poder tanto aprobar definitivamente el presupuesto como la liquidación, se realizaba el pleno en el que el principal debate se encontraba en la desestimación de las alegaciones presentadas a las cuentas para este 2020 tanto por J. Guiard como por Sabinal para reclamar el pago íntegro de las sentencias por la expropiación de parcelas para la ampliación del paseo marítimo y rechazar así, el pago fraccionado requerido por parte del Ayuntamiento de Almería al juzgado. Un pago que no se recoge en este documento.

Desde Podemos su portavoz, Carmen Mateos, tenía clara su negativa de nuevo a unas cuentas que “no responden a las necesidades de la ciudad”. Con respecto a las sentencias afirmaba que se trata del “efecto bola de nieve, que se podría haber parado antes pero que al no hacerlo, se ha ido haciendo cada vez más grande”.

Explicaba el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, que era “muy difícil la tesitura” ya que por un lado comprendía la petición de los propietarios “en algún caso octogenarios” que quieren “cobrar su dinero después de 20 años de sufrimiento” y por otro, comprendía el problema que podía suponer para el Ayuntamiento el tener que hacer frente al pago íntegro. Por ello, aseguró que ha intentado “mediar, pero es cierto que los propietarios no quieren” por lo que la opción de los naranjas ante la aprobación de esta desestimación de las alegaciones y aprobar un presupuesto que ellos mismos ya habían dado el visto bueno era la de “abstenerse”. Recordaba el edil lo que para él es “una mala gestión” en todo el procedimiento de la que eximía “a los concejales que actualmente están en el Gobierno”.

Por su parte el portavoz de Vox, Joaquín Pérez de la Blanca, considera “entendible” la reclamación de las dos mercantiles pero considera que “debe primar el interés general sobre el particular, algo que está en el propio espíritu de la expropiación” y respalda “la postura del equipo de Gobierno de plantear un plan de pagos” por las complicaciones que podría suponer para el Ayuntamiento hacerlo todo en un ejercicio. Ante esta situación, abogaron también por “abstenerse”.

En el caso de los socialistas su portavoz, Adriana Valverde, fue más allá y además de su voto negativo pidió “una comisión de investigación para conocer todo lo que ha pasado con este tema” y saber “por qué no se ejecutó la sentencia en su momento”. Acusaba Valverde a los populares de haber hecho “ingeniería presupuestaria” para “ocultar” el pago de la sentencia y tenía clara su negativa a “unas cuentas que no responden a las necesidades de los almerienses”.

Defendió el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, que no entendía la actitud de la oposición “defendiendo el interés particular sobre el general. Parecen que defienden a dos empresas que tienen su derecho, porque así lo ha reconocido un juzgado, pero no por ello hay que perjudicar al resto de los almerienses” y le recordó que “el justiprecio no lo pone el Ayuntamiento, sino la Comisión Provincial de Valoración que depende de la Junta de Andalucía”. Llamó a la calma asegurando que la sentencia “se puede pagar” pero que es cierto que si se tiene que hacer de una vez “supondría un quebranto económico” no en balde alcanza casi los 30 millones de euros.

A pesar del debate plenario, lo cierto es que al final se aprobaba el presupuesto municipal de forma definitiva con la intención de que el próximo lunes ya pueda ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y proceder a su entrada en vigor. Un presupuesto que asciende en su  consolidado a 202.451.413 euros en lo que a gastos se refiere, ya que nacen descompensadas de inicio con unos ingresos previstos de  203.434.506 euros, lo que supone un superávit de 983.093 euros.

Liquidación

En este mismo pleno se daba cuenta de la liquidación presupuestaria del 2019 que arroja un superávit de 16,2 millones de euros. Superávit que está vinculado de nuevo a las sentencias del paseo marítimo ya que, tal y como anunció Alonso hace unos días, se destinarán 3,8 millones de euros para el paso de una de ellas. Y quedando un total de 2,3 millones de euros para ejecutar inversiones financieramente sostenibles.

Desde la oposición se criticó que no se haya sobrado dinero, si bien, desde el equipo de Gobierno defienden que de haber gastado 635.000 euros más, se tendrían que haber acogido nuevamente a un plan de ajuste por el incumplimiento de la regla de gasto.