Los fisioterapeutas reclaman al Gobierno el cierre de sus establecimientos

El Consejo General de Fisioterapeutas de España ha reclamado al Gobierno y al ministro de Sanidad el cierre de todos los centros y unidades de fisioterapia del país al no disponer de material de protección que evite el contagio entre el profesional y el paciente, y además porque en el ejercicio de este trabajo es imposible mantener la distancia de seguridad recomendada de un metro y medio.

El hecho de que la fisioterapia y sus clínicas no hayan sido incluidas por el Gobierno entre los establecimientos de cierre obligado como consecuencia de la declaración de Estado de Alarma en todo el país en reacción a la pandemia del coronavirus ha llevado a miles de profesionales de todo el país y a alrededor de 700 en Almería a una complicada situación.

De una parte, las empresas privadas han decidido cerrar ‘motu propio’ y en un ejercicio de ética y deber profesional, teniendo en cuenta, además, que la mayoría de sus pacientes son personas mayores con patologías previas, es decir el colectivo de mayor riesgo ante la enfermedad. Sin embargo, al no estar incluidas entre las empresas de obligado cierre, pueden verse abocadas a graves pérdidas, puesto que no podrían acogerse a las ayudas del Gobierno a los afectados por esta crisis.

“Para nosotros es un problema muy grave y necesitamos que el Gobierno ordene el cierre, puesto que en caso contrario las pérdidas pueden ser irreparables”, dice Cristina Gálvez Abril, vocal en Almería del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. En el caso de Almería, aproximadamente el 90 por ciento de los fisioterapeutas trabajan en centros privados y el resto en la sanidad pública. Según Gálvez, los centros privados han cerrado en el 100% de los casos y en el caso de la pública, los fisioterapeutas no están trabajando con los pacientes, sino realizando otras labores. No en vano, como dice, esta profesión ha sido incluida entre las cuatro con mayor riesgo de contagio por medios como el New York Times.

Pese a ello, los 700 fisioterapeutas almerienses se enfrentan a un escenario incierto y expresan su enorme preocupación por su situación, en la que se encuentran tanto empresas como autónomos. Es el caso de Alejandro Segura, un autónomo que trabaja para varias clínicas de la provincia, que ha decidido dejar de trabajar,  en su caso, además, porque es un paciente de riesgo, puesto que es asmático y además tras un accidente de tráfico se le tuvo que extirpar el bazo, Sin embargo, la Junta se ha negado a darle la baja preventiva, de forma que, según denuncia, solo se da “a fisioterapeutas con síntomas, o que hayan estado en contacto con pacientes infectados”. “Yo no puedo exponerme a atender a un paciente con 94 años y una prótesis de cadera sin saber con toda certeza que no tengo el virus, pues éste puede permanecer muchos días sin síntomas”, dice..