“Los jueces ni estamos ni hemos estado de vacaciones”

Nada de este mundo es ajeno a la Justicia, y no iba a serlo un confinamiento masivo. Las derivadas jurídicas y judiciales de este estado de alarma son múltiples. Con los plazos suspendidos, los juzgados almerienses esperan una avalancha el día después con la obligación de adaptar a marchas forzadas su día a día a dos realidades insoslayables: la pandemia y la era digital. La presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, alterna estos días de confinamiento entre el teletrabajo en casa con portátil, videoconferencias y mucho teléfono y los turnos en la sede de la Audiencia. En esta entrevista analiza cómo está viviendo el sector judicial esta etapa y lo que se avecina. Cómo está funcionando durante la crisis el Covid y qué cambios le aguardan a la Justicia. 

 ¿Se va a producir un colapso cuando se levanten las suspensiones? 

En la última prórroga aprobada se ha abierto un poco la luz y se permite que los abogados y procuradores puedan presentar determinados escritos y que el juzgado pueda llevar a cabo notificaciones con el fin de que no se produzca ese colapso generalizado, que al final se va a producir según en qué órdenes jurisdiccionales. Por ejemplo, en lo Social y en los juzgados de familia sí puede adivinarse un colapso y por eso se han aprobado otra serie de medidas con posterioridad. 

En Almeria estaban pendientes de entrar en funcionamiento el Juzgado de lo Social 5 y el de Instancia 10. ¿Qué va a pasar? 

En el último Real Decreto, el 16/2020, que entró en vigor ayer [por el miércoles], se prevé que los nuevos juzgados que vayan a entrar en funcionamiento tengan como competencia los efectos derivados del Covid, que asuman ese exceso de trabajo  para evitar que se colapsen los que existen. En el caso de que se convalide afectará tanto al nuevo Juzgado de lo Social 5, que posiblemente siga como Social por los ERTE, y al de Instancia 10. Van a entrar en funcionamiento y posiblemente pronto. 

Ahí podría haber un cierto alivio. 

Efectivamente. También se prevé que los jueces de refuerzo refuercen primordialmente estos juzgados con más carga de trabajo. Todo va en esa dirección. 

¿Cuántos jueces de refuerzo hay asignados? 

Ahora mismo están trabajando seis, en otros órdenes jurisdiccionales distintos. Pero, a la vista de la situación y de lo que dice Real Decreto, la mayor parte de ellos tendrá que dedicarse a estas tareas. 

Esta asignación de recursos anticipa una previsión de atasco importante. 

Sí, y aparte el Consejo General del Poder Judicial está haciendo un plan de reformas de mayor calado que afectan a las leyes procesales en vigor. 

¿En qué sentido?

Agilizar trámites. Las normas procesales rigen la tramitación y resolución de todos y cada uno de los procedimientos. Si se promueve la mediación, si se consigue que muchas actuaciones se hagan por vía telemática, se va a conseguir agilizarlo todo.  

Un cambio sustancial. 

Es el paso que realmente hace falta. Entiendo que esta reforma es imprescindible, pero requiere un Parlamento funcionando y algunas tendrían que ser leyes orgánicas, lo cual necesita una mayoría absoluta. En cualquier caso, las medidas de choque vienen planteadas ahora mismo por este último Real Decreto, que otra de las medidas que anuncia es la habilitación del mes de agosto para la mayor parte de actuaciones. También establecer un turno de mañana y uno de tarde para los funcionarios, de manera que se guarden las medidas de seguridad y también para la conciliación profesional y familiar. Este último caso, que puede ser interesante, necesita del consenso. A día de hoy están reunidas las comunidades autónomas y el Ministerio para intentar llegar a acuerdos sobre esta materia. 

¿Por la fuerza de las circunstancias se va a transformar el funcionamiento de la justicia? 

 Entiendo que sí, y algunas de estas reformas son muy favorables. En los últimos años las comunidades autónomas han hecho un gran esfuerzo para dotar a los órganos judiciales y fiscales de medios telemáticos. Lo que ha sucedido es que no se han completado. El teletrabajo a día de hoy no se puede llevar a cabo por parte de todos los operadores jurídicos. Solo jueces, magistrados y letrados de la administración de Justicia tienen un portátil para trabajar desde casa y no pueden acceder a todo el sistema. Y el gran problema viene con los funcionarios, que no tienen acceso a estas tecnologías, y ha contribuido a que el colapso sea mayor. En este último Real Decreto se insta a que la mayor parte de los juicios se celebren por videoconferencia. Son prácticamente todos, salvo  los penales por delito grave. Esto va a ser una auténtica revolución.

¿Podríamos asistir a corto plazo a juicios completos por videoconferencia? 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal hace años instauró el sistema de videoconferencia para la práctica de pruebas. Pero con este sistema se va a prever que todo el juicio se pueda celebrar así, con los mecanismos de seguridad que requiere, claro. 

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A la vista viene un acelerón en la digitalización de la Justicia. 

Si para algo va a servir todo esto va a ser para promover una mayor agilización. La presencialidad muchas veces no es más garantista, siempre que los medios tengan los mecanismos para garantizar la máxima seguridad jurídica. 

¿Hay zonas de la provincia en peor situación en cuanto a dotación telemática de sus juzgados?

Tengo que reconocer que la Consejería de Justicia ha hecho un gran esfuerzo para dotar a todos los órganos. No me consta ninguna situación en la que los jueces y los letrados no puedan trabajar desde casa para atender las necesidades más urgentes. En ese aspecto no se ha visto ninguna ninguna diferencia. Cosa distinta es a la hora de los traslados de detenidos a sedes judiciales. En Almería capital están dotadas tanto la Comandancia de la Guardia Civil como la Comisaría de Policía de mediospara poder practicar las actuaciones judiciales por videoconferencia sin necesidad de desplazar a los detenidos a la sede judicial. En los pueblos no es tan fácil porque no están dotados los cuarteles.  

Sería otro avance.  

Esta medida en concreto para evitar desplazamientos de los detenidos a las sedes judiciales, no solo es conveniente, sino que tenemos amparo legal para llevarla a cabo con el último Real Decreto. El problema es que el puesto de detención no tenga los medios suficientes. Se necesitaría una colaboración del Ministerio de Interior y del Ministerio de Justicia con el Consejo y con las Comunidades Autónomas para dotar de esos medios que hacen falta. La verdad, es muy interesante, porque se evita la cadena de contagio y es una fórmula de ahorro  para no tener que estar utilizando los vehículos policiales en esto. Creo que todo son ventajas. 

En estos casi dos meses de confinamiento, ¿la Justicia ha estado trabajando, y a qué ritmo?

Sigue trabajando porque no se han suspendido totalmente todas las actuaciones. Hemos seguido los criterios que ha marcado el Consejo General del Poder Judicial. Por órdenes jurisdiccionales, consideró preferente el penal y los servicios de guardia no se han alterado ni los del Juzgado de Violencia contra la Mujer. Donde sí se ha notado un cambio ha sido en la celebración de juicios. Los civiles se han suspendido, salvo por medidas cautelares de menores o internamientos. Y luego,  los juzgados de lo Social han visto incrementada su materia con los expedientes de regulación temporal de empleo. Los jueces no hemos estado ni estamos de vacaciones. Quiero que quede claro. Se establecieron turnos para acudir a los juzgados, y se están respetando escrupulosamente. De hecho, se han suspendido los permisos, estamos a plena disposición. 

¿No se ha parado la maquinaria entonces?

No, no ha parado. Lo que sí se han suspendido son los plazos. Al quedar solamente en vigor las actuaciones judiciales esenciales, da esa sensación de falta de actividad, pero es más una sensación que una realidad. De hecho, se verá cuando se alcen todos los plazos, cómo se notifica en tromba todo lo que hemos estado trabajando los jueces en casa. 

En los juzgados de guardia estos días, ¿qué tipos de delitos se están viendo más? ¿han subido, por ejemplo, los delitos de violencia contra la mujer?

Personas que no han cumplido el confinamiento han incurrido en delitos de desobediencia. Para llegar a ese extremo ha sido necesario que haya una reiteración, a la primera no constituye delito. Se necesita una conducta contumaz y esto sí es novedoso. Durante estos días ha seguido viniendo alguna que otra patera, se han cogido alijos de droga, a una persona buscada por yihadismo… la actividad delictiva no se ha suspendido, desgraciadamente, aunque no al mismo nivel. Y en cuanto a los de violencia, se visualizan más porque hay menos delitos de otro tipo.

A partir de que los juzgados vuelvan a recibir público y a recuperar presencialidad de funcionarios, ¿qué medidas de protección se van a implementar?

Poner mamparas de protección en los lugares de atención directa al público ha sido la primera medida. A la hora de celebrar los juicios orales, está previsto que se celebren sin público. Pero no basta con eso, son necesarias medidas de protección de toda la sala de vistas, que protejan al tribunal y a todas las partes. Y en los juicios de jurado la cosa se complica. Ya se ha reunido la comisión de seguimiento del Tribunal Superior de Justicia y hay propuestas para empezar de forma escalonada, varias sedes judiciales en cada provincia, y luego hacerlas extensivas. Todo lo que se pueda celebrar por videoconferencia, no va a haber ningún problema. Para las otras, esas salas de vistas tienen que adaptarse, y estamos en esa fase de cómo.  

¿Se sabe esos primeros en Almería cuáles serían? 

No, no. Estamos todavía en la fase de acuerdos, no hay nada consolidado. Es que estamos viviendo con una rapidez impresionante. Este decreto al que me estoy refiriendo se publicó en el BOE este miércoles. Ahora no solo necesita que sea convalidado por el Congreso de los Diputados, sino un desarrollo. Estamos en pleno proceso. 

¿Qué reflexión hace de lo que estamos viviendo?

Desde el 14 de marzo al 30 de abril este país ha cambiado de forma espectacular. Esta pandemia ha afectado a todos los sectores sociales, y es una gran responsabilidad del Gobierno de la nación fijar las pautas no sólo para que la sanidad impere, que es lo más importante, sino para que todos nos orientemos y esto se reestructure lo antes posible. Y para eso es necesaria una actitud positiva y de comprensión de la dificultad que tiene el Gobierno central. Necesita la complicidad y la responsabilidad de todos los españoles. Y yo hago ese llamamiento no solamente al sector judicial de esta provincia, sino a todos los ciudadanos de Almería que, de momento, nos estamos comportando de forma ejemplar. Sigamos en esa línea. 

¿Para esta crisis no había manual? 

Efectivamente, no había manual. Hasta los términos son novedosos, desescalada, desconfinamiento. Ni dos meses, y nos ha cambiado la vida por completo. 

En dos meses hemos saltado varios años. 

 Entiendo que sí, pero no se puede perder la perspectiva. Se necesita, y me refiero al ámbito judicial, unas reformas de mucho calado. Esta podría ser la oportunidad, porque la justicia siempre ha sido la más olvidada y se está prestando un servicio público esencial. Ahora tiene que haber un esfuerzo por parte de la Administración central y de la autonómica. La responsabilidad personal de todos los que componemos este colectivo están ahí. Lo que nos hace falta son todos esos medios para evitar que el colapso sea superior al que generó la crisis económica de 2009. 

¿Todo apunta a que puede serlo?

Pues todo apunta a que puede serlo porque esta ha afectado a todos los sectores económicos y sociales, con lo cual el esfuerzo va a ser ímprobo. Pero es necesaria también la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.