Aforos, duchas o baños: las dudas ante la reapertura de las playas

Será el 25 de mayo, el 8 de junio o el 15. No hay fecha clara, pero lo que parece que sí hay es decisión de abrir las playas almerienses este verano cumpliendo con las medidas seguridad sanitaria a las que obliga el coronavirus.

Pero ¿cuáles son esas medidas? Lo cierto es que aún no están totalmente claras y cuando preguntas a las administraciones competentes la respuesta es similar: “las que dicte el Gobierno” que será el que determinará qué se puede hacer y qué no en todo el litoral nacional.

Mientras el Ministerio de Sanidad pasa de las recomendaciones a las obligaciones, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos costeros van caminando de la mano para tratar de coordinarse y establecer una guía que marque unos criterios.

Las primeras claves las daba la Junta con la publicación el pasado lunes de un decreto en el que establece la necesidad de que los ayuntamientos realicen un plan de contingencia, en el margen de un mes (el plazo concluiría el 11 de junio), en los que se deben plasmar las medidas necesarias que permitan garantizar el uso seguro de las playas.

Contenido

Dicho plan debe recoger las medidas de autoprotección, todos los carteles informativos, las medidas de refuerzo de la limpieza, las labores de vigilancia, y todo aquello que los consistorios consideren importante para garantizar la seguridad sanitaria en las playas.

Pero además de esto, los ayuntamientos tienen que hacer frente a una novedad: calificar sus playas entre prohibidas, peligrosas y libres. Una catalogación que deben basar en la afluencia de gente -cuanta mayor, más peligroso  por el mantenimiento de las distancias de seguridad-; el histórico de incidencias; la carga poblacional; las condiciones físicas y del entorno de las playas; y la coexistencia de actividades recreativas y baño. Además, de estar obligados a la elaboración por parte de los ayuntamientos de los planes de seguridad y salvamento de las playas.

Toda este marco normativo, que aún tiene que pasar el filtro de lo que dictamine el Gobierno central, ciertamente no aclara nada y deja en manos de los ayuntamientos la toma de decisiones por lo que, se están realizando estos encuentros para coordinar las decisiones.

Para ello se está trabajando sobre un borrador elaborado por el Instituto de Calidad Turística (ICTE) que sí deja más elementos cerrados. Los grandes problemas se marcan en los aforos y cómo controlar que no se superen, así como las colas que pueden generarse. Esto supone que los ayuntamientos tengan que determinar claramente los aforos que soporta cada una.

Dudas

Otro de los puntos claves son las pasarelas. El cruce de gente en ellas o la humedad que sufren las convierte en espacios de riesgo y ahí habrá que tomar decisiones. La primera de ellas es que no se pueda pasar descalzo.

Clave también será la determinación que se tome para las duchas y aseos. Se ha hablado de la posibilidad de prohibirlos, pero de momento se apuesta por buscar fórmulas para que funcionen pero con unas importantes medidas de higiene. 

Totalmente prohibidos quedan las actividades de grupo y los juegos infantiles, para tratar de evitar la propagación a través del contacto. 

En duda se mantiene el futuro de la presencia o no del alquiler de hamacas, y se recomienda contar con un horario para la playa que facilite la limpieza. 

Además de la desaparición de la arena de las papeleras que deberán pasar a estar ubicadas fuera de ellas evitando problemas.

Precisamente el cuidado de la arena es otro de los puntos difíciles. De hecho, se están buscando por parte de los diferentes ayuntamientos las fórmulas para poder garantizar esa higiene.

Recursos y financiación

Lo que no termina de convencer a los ayuntamientos es el tener que responsabilizarse y hacerse cargo de todas estas novedades sin contar con ayuda para ello.

Así el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, explica que están buscando las fórmulas para cumplir con todo lo que dice el decreto pero que lamentan que “por parte de la Junta de Andalucía, que es el gobierno competente en esta materia, no haya ni concreción sobre cómo hacerlo ni se pongan los recursos necesarios en manos de los ayuntamientos para implementar de una manera coordinada las medidas necesarias. Recursos para el control del acceso, por ejemplo, a través de una aplicación o de personal de inspección” y reclama “más colaboración desde la administración autonómica”.

Por su parte el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, también se pronunciaba sobre la necesidad de que haya “ayudas económicas y recursos” para la puesta en marcha de todas estas medidas tanto por parte de la Junta como del Estado.

Petición

Así Fernández-Pacheco dijo esperar que  “en la orden ministerial de turno del Gobierno, si dice que son los ayuntamientos los encargados del control de aforos, que recoja que se trata solo de las playas urbanas que son las que tienen servicios”. Y es que la capital tiene un total de 30 kilómetros de costa de los que solo 7 cuentan con la catalogación de playa urbana, y por tanto, de servicios incluidos dentro del plan de playas para los ciudadanos y cree que “los medios para el control son escasos”, una situación que se agrava en otros municipios como Níjar con 50 kilómetros de playas, en un parque natural “y con menos medios”.

También reclamó financiación y medios el viceconsejero de la Junta de Andalucía, Juan Marín, al Gobierno central, y a la administración autonómica el PSOE andaluz.