Alejandra Ponce no puede evitar emocionarse al recordar el que ha sido el momento más duro de la pandemia: cuando a principios del pasado mes de abril, su familia se vio con 230 euros para hacer frente a los gastos de un piso de alquiler por el que ya paga 600 y sin saber cómo llenar la nevera.
Su marido, su hijo pequeño y ella dejaron atrás su vida en Buenos Aires y llegaron a Almería en agosto de 2019. La inseguridad les llevó a renunciar a un trabajo fijo. Lo vendieron todo y pusieron rumbo a España con los ahorros suficientes para establecerse y buscar un futuro mejor. Alejandra tiene nacionalidad italiana -es ciudadana comunitaria-, así el plan era encontrar un empleo de lo que fuera. Tras dos meses buscando, la contrataron como camarera. Hasta que una crisis sanitaria sin precedentes la puso contra las cuerdas.
“El viernes 13 de marzo la jefa vino a decirnos que cerraban -el estado de alarma se decretó un día después- y el lunes nos citó a los empleados de uno en uno para echarnos sin pagarnos finiquito, ni hacer ERTE ni nada”, lamenta a LA VOZ la joven.
Con su marido con los trámites para obtener el permiso de residencia interrumpidos y sin ningún tipo de red familiar, Alejandra empezó a preguntar a sus conocidos qué opciones tenía. Así llegó hasta la trabajadora social de Ciudad Jardín, a la que define como “un ángel”. “Nos encontramos solos y desesperados por tener un niño pequeño”, expresa.
La trabajadora social fue el enlace necesario para que esta familia contactase con Cruz Roja, que comprobó que cumplían todos los requisitos para recibir dos Tarjetas Supermercado valoradas en cien euros. “Hasta que pude comprar comida y llenar la nevera y la despensa, la desesperación fue total”, confiesa.
Además, por tener a un niño a cargo, pudieron acceder a un subsidio del SEPE. “Los primeros días de abril me encontré con 230 euros. Yo estaba acostumbrada a vivir y pagar un alquiler con un sueldo de 1.000; tuvimos que hacer malabares”.
En mayo, la familia ya recibió el subsidio completo: 430 euros. La asistente social le tramitó la ayuda del Ayuntamiento, que eran 200, para no pedir la de Cruz Roja porque “había otra gente que la necesitaba más”. “Ella me decía que sentía darme tan poco, pero yo le contestaba que no sabía lo mucho que me estaba ayudando”.
Las de la asistente social y Cruz Roja no son las únicas manos tendidas que se ha encontrado Alejandra durante el estado de alarma. Su casera le ha dado facilidades para pagar el alquiler y han solicitado al banco un crédito ICO para obtener más ayuda. Su marido ya tiene el permiso de residencia y está buscando trabajo y ella consiguió uno con la mala suerte de que el día que empezó se cayó y ahora está de baja. “La asistente me propuso para la Tarjeta Monedero de Cruz Roja y hemos firmado una declaración jurada garantizando que la gastaremos en productos de primera necesidad; me parece genial que así sea”.
¿Se arrepienten de haber venido a España? “No, por la seguridad que hay en la calle cuando salgo a pasear con mi hijo; con todo esto que nos ha pasado, él nos ha dado ejemplo a nosotros, es el que se portó mejor de los tres”.
Aluvión de peticiones
El caso de la familia de Alejandra representa solo uno del aluvión de peticiones de ayuda que han registrado las organizaciones sociales en Almería durante la pandemia de la Covid-19. Según datos de Cruz Roja, solo ayudas directas en intervención de entregas de bienes o económicas han atendido a 6.923 personas desde que se inició el plan Cruz Roja Responde. A esto hay que sumar las llamadas a mayores (5.000), actuaciones en materia de empleo (1.200), o relacionadas con la salud (10.000). Supone un aumento del 300 por ciento en relación al año anterior.
Tal y como sostiene el coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente, la organización ha hecho un esfuerzo descomunal para dar respuesta al volumen de peticiones y dignificar la ayuda en el sentido de que el usuario ya no tiene que enfrentarse al drama de recoger una bolsa de comida, sino que puede llevarse una tarjeta.
“Estamos acostumbrados a trabajar la emergencia, el problema es que en este caso tampoco sabíamos el alcance o la duración”, indica.
Asimismo, el perfil del demandante de ayuda ha cambiado: ya no es usuario habitual de servicios sociales, ni familias en exclusión, sino gente obrera y humilde, con menores a cargo, que ha entrado en ERTE con un sueldo que no le había permitido ahorrar.
Los voluntarios de Cruz Roja también se han volcado con mayores sin una red de apoyo social que tenían miedo a salir de casa para hacer la compra o ir al médico.
Por su parte, en Cáritas Almería en lo que va de 2020 han atendido a 317 familias, que es casi la misma cifra registrada a lo largo de todo el año pasado, 323. “Esperamos que se triplique el número”, mantiene el delegado episcopal, Juan Antonio Plaza.
Mientras, la Fundación Banco de Alimentos de Almería ya tiene a 54.267 personas dadas de alta a través de entidades como asociaciones y ayuntamientos. “Cuando terminó 2019, teníamos 47.666 y estábamos esperanzados ya que habíamos bajado la cifra respecto a años anteriores”, explica su presidente, Juan Azorín Maya. Un problema que les ha surgido durante el confinamiento es que los voluntarios que formaban estas asociaciones eran gente mayor, es decir, población de riesgo, por lo que les ha sido difícil llegar a quienes precisaban su ayuda.
Consulte el artículo online actualizado en nuestra página web:
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/196000/hasta-que-pude-comprar-comida-la-desesperacion-fue-total
Temas relacionados
-
Cruz Roja
-
Estado de alarma
-
Asociaciones
-
Confinamiento
-
Salud
-
Ciudad Jardín
-
Ayuntamientos
-
ERTE
-
Servicios sociales