PSOE pide ‘seguimiento social’ de Almería XXI

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al equipo de Gobierno que se realice a los usuarios de la empresa municipal ‘Almería XXI’ que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante la aplicación de un protocolo de actuación que incluya un seguimiento trimestral de cada caso, la realización de informes del área de Servicios Sociales, así como una propuesta de acuerdo para el pago de la deuda contraída, que termine en el abono total y la resolución del caso. 

La propuesta la plantean los concejales socialistas Eusebio Villanueva y Fátima Herrera. “Desde el PSOE entendemos que esta empresa debe ser una herramienta para garantizar el acceso a la vivienda, un derecho reconocido en la Constitución, mediante la promoción de viviendas, sin competir con el mercado privado, sirviendo de regulador de la oferta y demanda”, señaló Villanueva.

Además, considera que “Almería XXI puede ofrecer viviendas para personas que puedan tener mayor dificultad en su acceso, como jóvenes y mayores, crear un parque de viviendas y locales en alquiler, y ejecutar operaciones estratégicas de cirugía urbana, entre otras cosas”. 

Máximas garantías
En dicho contexto, los socialistas proponen al alcalde que establezca un sistema para ofrecer las máximas garantías en los casos de impago del alquiler a personas en situación vulnerable; un protocolo que tenga en cuenta un seguimiento de los impagos, un informe de servicios sociales y un acuerdo de resolución. “Porque el acceso a la vivienda es un derecho recogido en la Constitución, que todo Ayuntamiento debe garantizar, y más en una situación de crisis como la que estamos viviendo en Almería”, aseguró.

Lo primero, según el concejal del PSOE, “es establecer un plan de hitos para ir abordando la solución de los impagos desde sus primeros momentos, evitando que la cuantía económica sea muy elevada y que esto impida que pueda saldarse”. A tal fin, los socialistas plantean una primera actuación cuando el impago acumule tres mensualidades y continuar el seguimiento si aumenta a seis, nueve o doce mensualidades.

Considera Villanueva que “debe contar con informe de los servicios sociales, atendiendo a la situación personal y vital de los inquilinos, y en base a esos datos, se podrán dictaminar cambios en las condiciones del arrendamiento, atendiendo a lo que debería ser el objetivo prioritario de la empresa municipal: proporcionar vivienda a las personas en situación de riesgo social”, indicó. 

“En el caso extremo del desahucio, el Ayuntamiento debe buscar, a través de los Servicios Sociales, una solución habitacional para estas familias”, aseguró.