Racismo, xenobofia, aporofobia, homofobia, antisemitismo, antigitanismo, transfobia. Ataques a ancianos, a enfermos y a discapacitados. A mujeres. A colectivos vulnerables. Violencia física y verbal. Los delitos de odio manchan la sociedad almeriense con un capítulo de discriminación al diferente, una agresión a derechos fundamentales perseguida por la ley.
Según un informe del Ministerio del Interior publicado esta semana, el año pasado la provincia de Almería registró 14 denuncias por delitos de odio (seis son procesos administrativos), con un único detenido y siete víctimas identificadas.
La cifra es ligeramente superior a la anotada en ejercicios anteriores, aunque mantiene las constantes vitales en el análisis. La mayoría son ataques racistas, contra la orientación sexual y la discapacidad.
“Los hechos registrados el pasado año marcan un ascenso en los ámbitos de personas con discapacidad, orientación sexual e identidad de género racismo y xenofobia e ideología”, precisa el informe del Ministerio del Interior.
No son hechos menores. Casi la mitad de los casos detectados se traducen en amenazas o directamente en agresiones físicas con lesiones y la mayoría en espacios públicos, donde el trato degradante se subraya con el escarnio de la visibilidad.
No obstante, la provincia de Almería no tiene las peores estadísticas. Está por debajo de la media nacional de delitos de odio, con dos hechos conocidos por cada 100.000 habitantes (3,6 en España). Lidera el ranking Cataluña, con los peores datos del país. Girona, Tarragona y Lleida son las tres provincias con peores tasas y Barcelona la sexta.
Ocultos
El Ministerio del Interior cree que todavía existe un gran número de casos que no sale a la luz y ha anunciado un nuevo protocolo que ayudará a localizar situaciones de discriminación y facilitará las denuncias.
Además, el Gobierno anima a los afectados a acudir a las autoridades. “Los delitos de odio fracturan nuestra sociedad, no podemos ser meros espectadores, debemos reaccionar porque los delitos de odio victimizan a la sociedad en su conjunto y ciudadanas y ciudadanos debemos asumir la responsabilidad, el compromiso de denunciar aquellos episodios de los que tengamos conocimiento”, ha señalado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el lunes que se pondrá en marcha un nuevo y actualizado protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad para perseguir los delitos de odio, que incluye “un conjunto de reglas y pautas, unificadas y homogéneas, que permitirá a los agentes policiales una eficaz identificación, correcta recogida de datos y codificación de incidentes racistas, xenófobos o conductas discriminatorias”.
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