El Gobierno y los positivos en pateras: “Un problema de salud, no migratorio”

La Subdelegación del Gobierno en Almería defiende la entrega de la gestión de los inmigrantes irregulares con coronavirus a la Junta de Andalucía y afirma que “es un problema sanitario y no un problema migratorio”.  El Ejecutivo interpreta la decisión como una ‘devolución’ de las competencias en salud tras la finalización del estado de alarma y dice que “no puede o debe hacerse ningún tipo de distinción entre los inmigrantes que llegan a nuestras costas de forma irregular y el resto de la población”.

“No es admisible establecer diferenciación alguna en esta asunción de competencias por el mero hecho de tratarse de población migrante”, señala la Subdelegación del Gobierno a preguntas de LA VOZ DE ALMERÍA.

El asunto es complejo. El buen tiempo ha aumentado la afluencia de pateras en el Mar de Alborán (13 embarcaciones durante el fin de semana). Aunque el índice de positivos en coronavirus es muy bajo (un 0,13 por ciento), el aislamiento de estas personas genera un conflicto entre los gobiernos central y autonómico.

Como publicó el martes este periódico, la Junta de Andalucía considera que el Ejecutivo le obliga a llevar a los inmigrantes a sus instalaciones incluso cuando son pacientes asintomáticos, en lugar de ofrecerles un recurso habitacional como sucede con los migrantes de forma habitual.

Esto es, un inmigrante llegado en patera pasa por los trámites de Extranjería y, si no pueden ser repatriados o custodiados en un CIE, son puestos judicialmente en libertad y entregados a un centro de atención humanitaria. En Almería estos centros son mayoritariamente gestionados por Cruz Roja y financiados por el Gobierno central.

El conflicto está en quién debe asumir a personas que no presentan síntomas y están en buen estado a pesar de dar positivo en las pruebas realizadas en el Puerto de Almería. ¿Prima solo la cuestión sanitaria? ¿Se deben continuar con los trámites de Extranjería habituales?

“Los centros que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no son, en ningún caso, centros de internamiento. Los dispositivos del Sistema Nacional de Acogida subvencionados por la Secretaría de Estado de Migraciones pueden garantizar exclusivamente soluciones habitacionales y de intervención social en las necesidades básicas de personas sanas”, señala la Subdelegación del Gobierno en Almería.  

¿Dónde albergarlos?
El área que lidera Manuel de la Fuente responde así a la Junta de Andalucía.  “El Plan de Vigilancia y Prevención de brotes de Covid-19 de la Junta de Andalucía, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 9 de junio, establecía, respecto a la capacidad de aislamiento por cuarentena, la disponibilidad de inmuebles en caso de que por motivos sociales o personales los afectados no pudieran aislarse de manera efectiva en un domicilio”, señala.

“La Junta decía disponer de 17 recursos (instalaciones) para dicho aislamiento y alojamiento, con un total de 3.947 plazas repartidas por toda la comunidad”, insiste la Subdelegación en Almería. “El Plan de Respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19, aprobado el 16 de julio de 2020 en el Consejo Interterritorial para la nueva normalidad, ya exponía la necesidad de disponer de dispositivos para la realización de cuarentenas y aislamientos en caso de que así fuera necesario”, apostilla.

En este sentido, el Gobierno central aprobó el pasado fin de semana un protocolo donde materializaba la entrega de esas funciones a la Junta de Andalucía. “El Gobierno no está eludiendo ninguna de sus responsabilidades”.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Moreno ha expresado en varias ocasiones su malestar por el enfoque de Madrid en este asunto.  Juan Marín, vicepresidente autonómico, destaca que la Junta responde a un hueco dejado por el Gobierno en materias de su responsabilidad.

“Las fronteras andaluzas son las fronteras de Europa y le corresponde al Gobierno de España hacerse cargo de la asistencia, pero como no la hacen, no podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando que se dieron situaciones no deseables que pudieran afectar a la salud pública”, explicó Marín el viernes en Almería. “Somos partidarios de que Cruz Roja pueda hacerse cargo de estas personas como siempre lo han hecho”.