La Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de Centros de Educación Pública de Almería (Fapace) ha expresado su “profundo malestar” ante las medidas propuestas por la Administración para el nuevo curso, que les parecen “inviables”, y reclaman, ante todo, una vuelta segura a las clases.
“No creemos que el profesorado pueda ejercer su labor docente, cuando tienen que estar permanentemente vigilando que se cumplan las medidas de higiene y la distancia social. Los equipos directivos tendrán que hacer magia para que el plan de sustituciones pueda funcionar, se cumplan los protocolos y con suerte se pueda dedicar tiempo a enseñar-educar y aprender. Las familias nos debatimos entre el instinto de protección, la importancia de la vuelta a la normalidad y lograr tener las necesidades básicas cubiertas”, dice la federación en un comunicado.
Y además, añade, “en mitad de toda esta incertidumbre la Junta de Andalucía anuncia la activación del protocolo de absentismo en los casos en los que el alumnado no acuda a clase por miedo. ¿Pero quién nos va a enseñar a gestionar ese miedo? ¿Y el miedo de nuestras niñas y niños? El alumnado no es ajeno a lo que ocurre a su alrededor. ¿Queremos que vuelvan quitándoles la parte de la socialización? ¿Dónde están las instrucciones de atención psicológica y emocional? No podemos borrar de nuestra memoria lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en los próximos meses, centrémonos en aprender de lo vivido, no cometamos los mismos fallos”.
Para los representantes de los padres, es imprescindible que se recojan las necesidades reales de cada centro educativo, espacios y profesorado necesarios, definiendo con claridad a qué se debe dedicar el alumnado en estas circunstancias, qué debe de aprender y cómo. “Las familias debemos aportar aquellas que detectemos, escuchar a las personas que realmente conocen su funcionamiento, y entender que algunos centros se podrán abrir y otros no. Tendremos familias que preferirán que sus hijos e hijas acudan al centro y otras no”.
Fapace concluye su escrito exigiendo, entre otras cosas, a la Administración una bajada de ratio; personal de enfermería escolar; instrucciones específicas y claras, acompañadas de la dotación económica y recursos humanos que garanticen su cumplimiento; mayor dotación económica a los ayuntamientos, para garantizar la limpieza de los CEIP y poder utilizar, en caso de ser posible, instalaciones municipales como entornos educativos.
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