Corte Inglés: La oposición duda sobre si hay que pagar intereses a La Salle

La resolución del convenio entre los Hermanos de La Salle, El Corte Inglés y el Ayuntamiento de Almería para la llegada de la firma comercial a la Rambla que se debatirá en el pleno del próximo viernes y que ha ocupado tantos titulares en los últimos 15 años, ha provocado multitud de reacciones en los diferentes grupos municipales de la oposición.

Evidentemente las principales dudas que presenta para todos los grupos es el futuro de los intereses de demora reclamados por parte de los Hermanos de La Salle y no concedidos por parte del Ayuntamiento. Esta negativa, según explicaba la propia concejal de Urbanismo, Ana Martínez Labella, se daba argumentando que en el convenio “no se recoge cláusula alguna de indemnización” en caso de que no se desarrollara y a pesar de que el escrito presentado por la congregación religiosa asegura que el Ayuntamiento no ha cumplido con su parte, los informes municipales defienden que se hizo todo lo posible para aprobar el nuevo PGOU y que fue la Junta de Andalucía la que tumbó el planeamiento urbanístico.

Los más beligerantes con respecto a los problemas que pueden acarrear los más de 900.000 euros que suponen los intereses de demora han sido tanto el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, y la del PSOE, Adriana Valverde, dando por hecho en ambos casos que los Hermanos de La Salle van a acudir a los tribunales a reclamar la cuantía.

Así el portavoz naranja aseguraba que ante la petición de la congregación religiosa por no cumplir la relación contractual “llevan razón” y aseguran que “hay una negligencia absoluta en la toma de decisiones políticas a la hora de gestionarla”.  Critica que en estos quince años desde que se firmara el acuerdo en 2005 “La Salle cumple su parte, El Corte Inglés cumple facilitando los proyectos y el Ayuntamiento, que es la clave de esto y tiene que velar por la reactivación del proyecto, se tira 15 años mareando la perdiz. Primero al tomar la decisión de en vez de hacer una modificación puntual, incluirlo en un nuevo plan que luego ha tenido todo tipo de trabas por parte de la Junta, como era del PSOE”. 

A esto añade que se tenía que haber optado por hacer una modificación puntual y una adaptación del PGOU del 98 a la LOUA y que “desde 2007 a aquí, se tenían que haber hecho las dos cosas”. 

Tiempos
Hay que tener en cuenta que la decisión de incluirlo dentro del nuevo PGOU se toma en el año 2006, tiempos en los que el propio edil naranja era concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almería con Gial.

Por su parte la portavoz socialista, Adriana Valverde, asegura que esta resolución del convenio demuestra que “era un fiasco”. Culpa al PP de la situación ya que “hace muchos años que sabían que no iba a llevarse a cabo porque suponía la supresión de numerosas plazas escolares en una zona donde son necesarias, debido a la alta densidad de población, y porque llevaba aparejada la construcción de varias torres de pisos en un espacio ya de por sí saturado”, que son los argumentos que siempre se han esgrimido por parte de la Junta para no darle el visto bueno.

Insiste además en que los 900.000 euros que habría que pagar de intereses de demora “llegan en el peor momento posible”.

Por su parte el portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas, asegura que esta situación “pone de relieve las consecuencias que puede acarrear que haya diferentes varas de medir en las administraciones públicas. Era un convenio interesante para la ciudad porque iba a generar puestos de trabajo y un impulso económico que no fue posible por la negativa de la Junta de Andalucía ”.

Para Rojas esto reabre el análisis de la situación actual del comercio en Almería que “es un grave problema endémico. Lo que tendría que ser un hervidero de gente vacío en el centro” por lo que pide implicar al sector.

Oportunidad perdida
Por su parte el concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca,  anuncia su voto favorable ya que “es la devolución de la cantidad de un contrato que  no ha llegado a término” y tilda de “oportunidad perdida” la situación “por inacción bien de la Junta bien del Ayuntamiento, aunque  no es el caso según el informe técnico del expediente”. 

Por último la portavoz de Podemos, Carmen Mateos, asegura que “el Ayuntamiento se lava las manos porque no se haya desarrollado el acuerdo y echa la culpa a la Junta” pero hay cosas que dice que “no quedan muy claras en el informe, para saber ¿qué es lo que pasó? y ¿cómo ha estado en el cajón tanto tiempo?”. 

Habrá que esperar al viernes para ver el debate.