“La cascada legislativa y la inseguridad acarrearán muchos procesos judiciales“

Miles de familias almerienses viven pendientes del futuro de los ERTES y de la continuidad de las ayudas públicas para paliar el impacto del coronavirus. Expertos laboralistas exploran alternativas para trabajadores y empresas en un contexto de incertidumbre, donde la multitud de normas y los recursos de la Administración crean confusión.

¿Cómo valora las medidas adoptadas sobre los ERTEs durante la pandemia? ¿Han sido efectivas?

La principal medida adoptada por el Gobierno ha sido la regulación de los ERTEs  denominados de ‘fuerza mayor’, vinculados al Estado de Alarma, aunque hay otras. Para las empresas supone la exoneración  total de las cuotas a la Seguridad Social de todos los trabajadores. Mientras, los trabajadores tienen la posibilidad de acceder al  desempleo sin que el tiempo que dure dicha situación  reste de la prestación. En este sentido, considero que han sido medidas adecuadas durante todo este tiempo  y han logrado cubrir las  necesidades mas básicas y perentorias. 

La tramitación no era solo una cuestión del Estado, ¿no es así?

Los ERTEs han sido procedimientos urgentes que debían resolverse en el plazo de cinco días y, efectivamente, donde hay competencias autonómicas y estatal. Precisaban de autorización de la autoridad laboral (Junta de Andalucía) encargada de decretar la Fuerza Mayor, y de la Tesorería General de la Seguridad Social ( Ministerio de Trabajo). 

Hay muchas críticas de los afectados. ¿Con los ERTEs basta?

No. Las medidas han servido coyunturalmente como ayuda a las empresas y al empleo, pero requieren de ayudas adicionales para las empresas y autónomos, puesto que los costes salariales son una parte de la carga del negocio, sin las cuales las medidas serán insuficientes.

Esto puede resultar algo farragoso. ¿Qué diferencia hay entre un ERTE de ‘fuerza mayor’ y otro de causas ‘productivas’?

Fundamentalmente radican en el fondo y en la forma. Como decía, los de ‘fuerza mayor’ están asociados al Estado de Alarma e implican el  implican la exoneración del 100 % de los costes  sociales de la empresas  y, en el caso de los trabajadores, no consumir tiempo de desempleo. Por su parte, los ERTES de ‘causas productivas’ están regulados en la normativa laboral desde el año 2012 y pueden ser de suspensión o reducción de jornada. Estarán basados en causas relativas a la viabilidad económica de la empresa o a su organización  productiva. 

Y en los ERTES de ‘causas productivas’ no hay esas ayudas excepcionales de la alarma.

Son distintos. Requieren de un procedimiento negociado entre empresa y los representantes de los  trabajadores donde se especifiquen las causas, duración, numero de trabajadores afectados, tiene una duración determinada en el tiempo, puede precisar de informe de la inspección de trabajo y seguridad social que no será vinculante. No se requiere acuerdo con los trabajadores, no tiene exención de cuotas a la Seguridad Social para la empresa y consume de la prestación de desempleo de los trabajadores. Además, no precisan de autorización de la Autoridad Laboral. 

Esto es muy importante porque es justamente lo que se discute estos días, mantener o no esa protección especial. ¿Qué va a pasar a partir del 30 de septiembre?

De momento los ERTEs de ‘fuerza mayor’ solo están prorrogados hasta el 30 de septiembre, pero evidentemente hay sectores que siguen afectados como la hostelería, el ocio y las actividades culturales, por ejemplo. Ahora mismo, el Gobierno y las asociaciones empresariales están negociando cuál será el siguiente escenario de prórroga y a qué sectores afectará. Entiendo que dicha prórroga debe amparar a actividades que sigan teniendo  restricciones totales o parciales, aunque tendremos que esperar para ver cómo queda finalmente.

Se habla de ‘ERTEs’ de rebrote. ¿Qué son?

Son ERTEs que se recogen en el Real decreto Legislativo 24/2020 y afecta a empresas afectadas por medidas o restricciones a partir del 1 de julio. De forma simplificada, La duración de este ERTE estará sujeta que finalicen las restricciones  o prohibiciones que lo motivaron.

¿Y hay empresas que se hayan acogido a estos ERTEs de rebrote en Almería?

La información que tenemos de la Junta de Andalucía es que no hay un número significativo de peticiones.

El colegio ha criticado la avalancha de normas dictadas durante la pandemia y cierto caos. 

Desde luego la cascada legislativa que se ha producido en estos meses ha originado una inseguridad jurídica en los profesionales que, estoy convencida, va a acarrear muchos procedimientos judiciales en los Juzgados de lo Social. Ha faltado claridad y criterios interpretativos en cuestiones como los despidos de los trabajadores en ERTE, el  criterio a adoptar sobre mantenimiento del empleo, la aplicación de las exoneraciones en los ERTEs y otras muchas cuestiones.

Las críticas  más repetidas han sido el retraso en los pagos y el caos burocrático. ¿Qué me dice?

Nosotros somos profesionales expertos en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y ya le digo que hemos vivido en estos meses pasados nuestra peor etapa profesional con diferencia. En una encuesta que hemos hecho, casi el 50% de los ERTEs presentados en Almería han sido realizada por un graduado social. Con comunicación, esfuerzo y sacrificio hemos conseguido que Almería sea un provincia donde, a nivel general,  se ha trabajado  muy bien por parte de las administraciones.

Retrasos ha habido.

Los retrasos mas significativos han venido de la mano del SEPE, que no ha tenido medios ni personales ni técnicos para abordar la avalancha de solicitudes  de prestaciones que ha tenido que tramitar y ello ha generado errores y retrasos en los pagos de los trabajadores. Pero creo que tenemos que sentirnos satisfechos por el funcionamiento de nuestra provincia en general, sobre todo en comparación en otras ciudades españolas donde el caos ha sido total.