El juez no ve delito en la difusión de datos de la vida de Ana Julia en prisión

Un juzgado de instrucción de Almería ha archivado la causa penal incoada contra un funcionario de prisiones investigado por filtrar supuestamente a dos medios de comunicación datos de la vida de Ana Julia Quezada en el centro penitenciario provincial de El Acebuche ya que las informaciones por las que fue denunciado y divulgadas "ya eran conocidas por la opinión pública".

El magistrado estima que esa divulgación previa es la que "impide catalogar tales informaciones como secreto", a lo que añade que la información objeto de la denuncia "no parece tener relevancia suficiente para integrar el tipo penal objeto de la investigación".

El auto, de 30 de septiembre y contra el que cabe recurso de apelación, indica, asimismo, que el funcionario investigado "ha negado ser el divulgado de tales datos" si bien cabe recordar que desde Instituciones Penitenciarias se le abrió expediente disciplinario por supuestamente "divulgar ante los medios comunicación datos atenientes a la vida" como interna de la asesina del niño Gabriel Cruz.

El magistrado remarca en la resolución, hecha pública por la asociación de trabajadores penitenciarios 'Tú Abandono Me puede Matar', que el delito de revelación de secretos "exige" que el funcionario público divulgue secretos o informaciones "de un tercero que no se deben ser divulgados, y por los que haya tenido conocimiento por razones de su cargo o oficio".

"Sin discutir la calidad de funcionario de funcionario público del investigado y la naturaleza privada de los datos divulgados, más allá de que el investigado haya negado ser el divulgador de tales datos, las informaciones indicadas y divulgadas ya eran conocidas por la opinión pública, lo que impide catalogar tales informaciones como secreto en aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo", concluye.

La denuncia que dio lugar a la incoación de diligencias previas la presentó la Fiscalía Provincial ya que consideró que la información divulgada suponía una "doble victimización" de los padres del niño, Patricia Ramírez y Angel Cruz.