Venden citas previas a 200 euros para hacer trámites de Extranjería

Sin cita previa no hay huella, sin huella no hay tarjeta de residencia y sin tarjeta de residencia solo hay clandestinidad y una larga lista de problemas para abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato o acceder a un alquiler, por ejemplo.

Miles de ciudadanos extranjeros viven a diario en la provincia de Almería angustiados por la imposibilidad de conseguir fecha y hora para renovar sus documentos y, por tanto, amenazados por la posibilidad de perder un contrato de trabajo o una ayuda familiar por un trámite burocrático.

Encarnan una paradoja. Cumplen los requisitos, tienen trabajo legal y residencia en la provincia de Almería, pero la ralentización de la Administración durante la pandemia les coloca ante un bloqueo virtual. Están obligados a presentarse personalmente en la Oficina de Extranjería para colocar la huella y renovar sus tarjetas y, al mismo tiempo, son incapaces de conseguir una cita previa imprescindible para acceder a las dependencias de la calle Marruecos. 

Y de esa desesperación se nutre el negocio. Una red paralela a la Administración vende citas para poner la huella en la Oficina de Extranjería de Almería (gratuitas) a precios que oscilan entre los 50 y los 200 euros. Son, en su mayoría, locutorios comercializan los ‘turnos’ conseguidos a través de la plataforma electrónica de la sede electrónica de Administraciones Públicas (Gobierno de España).

“Para renovar la tarjeta de residencia o para tomar las huellas deben concertar cita previa y algunos se aprovechan pidiendo cantidades exorbitadas”, explica Abdellah Zaitoumy, responsable de la asociación Almohamadía. “Es muy difícil que una persona pague 200 euros, es una cantidad terrible”.

El problema radica esencialmente en que los turnos diarios ofertados para la Oficina de Extranjería se agotan en segundos cada mañana. Los locutorios colocan a gente en varios ordenadores a la vez para copar el mayor número de citas posible e introducen los datos de sus ‘clientes’.

El Colegio de Graduados Sociales de Almería denunció los hechos ante la Policía Nacional. Estos profesionales laboralistas chocan con frecuencia contra este muro, en una provincia con gran número de trabajadores extranjeros especialmente en el sector hortofrutícola. “Hay ciertos trámites que son obligatorios realizar de manera presencial como es la toma de huella”, explica María del Mar Ayala, presidenta del colegio profesional. El trámite no pudo efectuarse durante tres meses, con la consiguiente acumulación de casos pendientes.

“Todos somos conocedores que esta situación que venimos soportando desde hace varios meses es insostenible, máxime cuando tenemos conocimiento de que las citas que se ponen a disposición de manera diaria, están siendo solicitadas de manera irregular”, apostilla Ayala. 

Juan Miralles, director de Almería Acoge, advierte del daño generado por el colapso de la Administración en este terreno. “No se está dando respuesta a las personas que lo necesitan por falta de recursos en la Administración y no hubo una previsión, cuando en realidad se puede hacer un cálculo de la demanda”, afirma.  Miralles incide en la cantidad de problemas cotidianos que provoca carecer de documentación por el “colapso” de  estos trámites. 

Casos acumulados La Comisaría Provincial de la Policía Nacional ha reforzado la presencia y los turnos en los servicios que coordinada en la Oficina de Extranjería en Almería. Tras el confinamiento se calculó un volumen de 8.000 tarjetas por renovar. Los cupos diarios se establecen en función del personal disponible y rondan las 250 citas con la ampliación de los turnos (150 plazas por la mañana y 100 por la tarde).

La Comisaría Provincial de la Policía Nacional anunció medidas ante la avalancha de procesos de renovaciones de permisos, reagrupaciones familiares y tarjetas acumuladas. “La entrega y recepción de la Tarjeta de Identificación de Extranjeros, documento con el cual un ciudadano extranjero acredita su residencia en España, es un trámite que solo se puede realizar de manera presencial, puesto que es necesario estampar la huella digitalmente, para que la misma quede registrada”.

La Policía Nacional habló a principios de agosto de “un plan de choque” y de medidas extraordinarias para atender “stock de tarjetas autorizadas y no expedida”.