Más de 51.000 licencias de armas de caza en la provincia de Almería

La provincia de Almería acumula más de 51.000 licencias para el uso de armas de fuego orientadas a la caza, según datos oficiales del Ministerio del Interior ofrecidos en el Congreso de los Diputados.
Las licencias tipo E y D aparecen con fuerza en una provincia con unas 700.000 personas. La tasa de permisos por habitante muestra la alta penetración de esta actividad.

Las autorizaciones de categoría E se refieren a las armas para tiro deportivo y las escopetas de caza y suponen el grueso de las registradas en Almería (47.000 licencias). Las correspondientes al apartado D son las armas largas para caza mayor, un tipo muy especializado y menos común por el objetivo de los disparos.

Los datos proceden de una respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo de la Izquierda Confederal (Compromís, Adelante Andalucía, Geroa Bai, Más Madrid...) que interrogaba sobre la accidentalidad aparejada al volumen de licencias y armas.

Según el Ministerio Interior, en los últimos tres años diez personas resultaron heridas de diversa consideración por disparos accidentales de armas de caza en la provincia de Almería. No se lamentó ningún fallecido, a diferencia de otros territorios. Toledo lidera el ranking trágico con seis muertos por esta causa, seguida de Asturias con cinco víctimas.

Control de armas

Las competencias para el control del armamento corresponde exclusivamente a la Guardia Civil, a través de una unidad especializada  llamada Intervención de Armas de la Comandancia de Almería.

El control de las armas es una prioridad en la lucha contra el crimen y una necesidad ineludible ante la amenaza terrorista. Los servicios de Información se esfuerzan para cortar el tráfico ilegal y el reacondicionamiento de armas inutilizadas (en el mercado clandestina se intentan recuperar armas taladradas y sin registrar).

Según estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, en toda España hay censadas  unas 2,7 millones de armas de fuego (mercado legal), unas 124.000 pertenecen en las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado.  Además, el Estado vigila unas 1.500 armerías y fábricas de armas legales registradas en el país.