La contratación pública de personas con discapacidad avanza, pero a paso lento

Los contratos reservados son un gran paso para la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, pero viven pendientes, como gran parte de las cuestiones que afectan a la sociedad española, del acuerdo entre representantes políticos. 

Así se ha hecho evidente hoy por parte de los responsables públicos y representantes del tercer sector que han participado en el webinar  'Licitación pública para las entidades de discapacidad: el papel de las administraciones', el séptimo organizado por La Voz de Almería y la Cadena Ser, quienes han llegado a una conclusión común tras analizar a fondo cuál es la realidad actual de la contratación de personas con discapacidad tanto para las entidades sociales que gestionan estas y las administraciones públicas que han de reclamar sus servicios.

Durante una hora, cinco expertos en la cuestión han debatido acerca de la inclusión laboral con un eje central, que han sido los contratos reservados y la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que recoge la necesidad de que las administraciones públicas destinen un porcentaje de sus contrataciones a los agentes sociales, empresas de inserción laboral. Un porcentaje que varía según las comunidades autónomas y los ayuntamientos y que, han defendido, se hace necesario igualar en favor de las personas con discapacidad. "Necesitamos que todas las administraciones se pongan de acuerdo en el porcentaje y en los plazos de los contratos reservados", señala Antonio Sánchez de Amo, presidente de Verdiblanca. 

Análisis de los expertos

De este modo, Javier Mendoza, educador y experto en Contratación Pública; Alejandra Egaña, jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Almería; Álvaro Pardo, gerente de Aspaprod; Antonio Sánchez de Amo, presidente de Verdiblanca, y José Vicente Matarí, portavoz de Presupuestos del PP en el Senado, han intercambiado sus opiniones y experiencias en un sector que, como dijo la moderadora del webinar, la subdirectora de LA VOZ, Antonia Sánchez Villanueva, es "sumamente importante para toda la sociedad".

Egaña, quien ha sido la encargada de abrir el debate, ha remarcado que, a pesar de que la Ley de 2017 supuso un "shock" a la hora de realizar las nuevas contrataciones, significo uno de los mayores avances en esta materia, pues pasaba de recomendar a hacer obligatoria la reserva de un porcentaje de los empleos a las personas con discapacidad. "La contratación pública ha dado un vuelco trascendental: va a ser utilizada como una herramienta para implementar políticas públicas", aseguró la jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Almería, quien remarcó que para hacer efectivas estas reservas lo más importante es determinar o conocer "qué actividades son las que llevan a cabo estos agentes sociales y qué contratos entrarían dentro de las mismas".

Una idea en la que también profundizó el docente de la Universidad de La Laguna, Javier Mendoza, quien detalló que tan esencial como conocer con quién se quiere contratar es saber hasta dónde se quiere llegar. "Para realizar una carretera no habrá empleados en una empresas de inserción laboral, pero sí para realizar labores de jardinería o limpieza", ejemplificó el experto, quien aseguró que un paso muy importante para la legislación vigente es que no solo obligue a reservar los contratos para personas con discapacidad, sino que "explique cómo se hace".

La legislación

Por su parte, uno de los responsables de que la Ley de Contratación Pública de 2017 saliera adelante fue José Vicente Matarí, portavoz de Presupuestos del PP en el Senado, quien ha defendido que la legislación salió adelante sin ningún voto en contra. "La ley de contratos del sector publico de 2017 fue fruto de un amplio consenso parlamentario y un amplio consenso social", aseguró Matarí, quien hizo hincapié en la importante necesidad de que las personas con discapacidad puedan contar con instrumentos como esta ley para poder trabajar: "Hay una razón detrás de esto y es que el trabajo continúa siendo el principal factor de inclusión en nuestro pías y lo saben los agentes sociales y las entidades del sector social. El trabajo aporta renta para corregir la desigualdad y nos permite hacer una sociedad cada vez más inclusiva".

Álvaro Pardo, gerente de Aspaprod, defendió durante su intervención que la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público es una herramienta fundamental para organizaciones como la suya, aunque dejó una de cal y una de arena. En primer lugar, defendió que la posibilidad de dividir los contratos por lotes les abre un amplio abanico de posibilidades para poder prestar sus servicios y que las personas con discapacidad tengan un empleo.

Pero, por su parte, criticó que no sean solo las empresas de inserción laboral de iniciativa social las que puedan acogerse a esos contratos reservados. "Quien hace la ley hace la trampa y hay empresas que ponen en marcha fundaciones, por ejemplo, para acogerse a estos contratos. La administración debería estar muy atenta a que sean empresas de iniciativa social", remarcó.

Reserva

El encargado de cerrar el webinar, antes del turno de preguntas, fue Antonio Sánchez de Amo, presidente de Verdiblanca, quien volvió a denunciar el aspecto de la legislación criticado por Pardo: "Hay que destacar que la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía recoge que se debe hacer una reserva para centros especiales de empleo, pero no concreta que tengan que ser de iniciativa social. Necesitamos que todas las administraciones se pongan de acuerdo en el porcentaje y en los plazos de los contratos reservados".

Asimismo, el presidente de Verdiblanca, ha defendido que los centros especiales de empleo de iniciativa social están sufriendo esta crisis de una manera muy importante, a pesar de que hoy son los que actualmente están "dando mas empleo a personas con discapacidad por encima de empresas ordinarias y la administración publica".