Procuradores piden competencias para ayudar en la ejecución de las sentencias

Los procuradores luchan desde hace años por la defensa del papel del colectivo en el marco de la Administración de Justicia, especialmente frente a las voces críticas emanadas desde organismos europeos. Los profesionales reivindican su vigencia como representantes de los ciudadanos ante juzgados y tribunales y rechazan una concepción de la Justicia que suprime sus funciones.

Además, se ofrecen para asumir nuevas competencias que ayuden a mejorar la eficiencia del sistema judicial en el campo de la ejecución, como ha destacado la decana del Colegio de Procuradores de Almería, María del Mar Gázquez.

El colectivo ha iniciado una campaña para buscar apoyos en su objetivo de involucrarse en la ejecución de sentencias. Se trata del trámite posterior a una sentencia judicial firme que, aunque resulte paradójico, a menudo plantea dificultades prácticas y obliga a dictar nuevas resoluciones.

Los procuradores creen que dotarles de competencias en esta fase de los procesos haría más rápido el final. “El sistema burocrático y obsoleto de nuestro ordenamiento en la fase de ejecución ya lo han solucionado en otros países de nuestro entorno”, recalca María del Mar Gázquez.

“Cuentan en su organigrama con operadores jurídicos, agentes de ejecución,  con formación, preparación, medios informáticos y humanos suficientes garantizados por sus colegios de procuradores”, añade.

Aunque la cuestión es técnicamente compleja, los profesionales se proponen para agilizar el último trámite. De esta manera los procuradores liberarían de trabajo a jueces y funcionarios. Gázquez cita ejemplos en Portugal, Alemania y Austria, por ejemplo.

En esta idea ya cuentan con apoyos de la Cámara de Comercio y Cosentino, afirma. Los procuradores consideran que hay grandes cantidades de dinero que no se recuperan en los procesos judiciales por la ineficacia del sistema de ejecución.
“Hay funciones que se pueden atribuir a los procuradores, con la asunción del colectivo de un generoso compromiso con el interés público”, señala.

Se podría aplicar en cuestiones como procedimientos monitorios, laborales e hipotecarios, donde existe un evidente componente económico. "Según datos de un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona y de la Universidad de Barcelona, actualmente solo se recupera el 21,8 por ciento del importe económico de las sentencias ejecutadas y el plazo medio para la recuperación de los importes es de un año y nueve meses", apostilla la decana de los procuradores. Por eso apela a la necesidad de arbitrar un sistema más eficiente en esta fase.