Jueces y magistrados de Almería se concentraron la mañana del miércoles a las puertas de la Ciudad de la Justicia para mostrar públicamente su rechazo a la agresión sufrida por una compañera en la provincia de Segovia y, por ende, para pedir mayores condiciones de seguridad en el desarrollo de sus funciones.
La magistrada María Sonsoles Sanchidrián, destinada en la localidad de Santa María la Real de Nieva, sufrió la agresión de un ciudadano que había sufrido una sentencia civil desfavorable. El detenido la esperó a las puertas del juzgado y la apuñaló con un destornillador gravemente.
El episodio motivó una enérgica respuesta del colectivo, que observa la agresión como un ataque a un pilar de la democracia.
Prácticamente todos los jueces de los órganos unipersonales se concentraron convocados por el decano de Almería, el magistrado David Villagrá. “La agresión se produce en un juzgado que carece de las condiciones de seguridad mínimas para el desarrollo del trabajo”, señaló. “Deseamos una pronta recuperación a la compañera y ponemos de manifiesto que esto no es solo un ataque a ella sino a toda la institución”.
Comunicado conjunto
“Es un ataque a las normas de convivencia: ante una resolución desfavorable, en lugar de acudir a los recursos oportunos se opta por la violencia”, añadió Villagrá. “Esto no tiene ninguna justificación y pedimos a la administraciones responsables que examinen la situación y tomen las medidas oportunas para garantizar la seguridad”.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y la Asociación Judicial Independiente firmaron un comunicado conjunto. “Las asociaciones firmantes mostramos nuestra condena más enérgica a este hecho y el total apoyo a la compañera, a la que deseamos una pronta y completa recuperación”.
“Ejercemos las funciones jurisdiccionales en defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos, y cualquier ataque de este tipo, en la medida en que se dirige no solo a la persona sino a la función que ejerce, constituye también un ataque a las reglas básicas de nuestra convivencia”.
En la comunidad autónoma de Andalucía las labores de seguridad en los juzgados están encomendadas a la Guardia Civil. La Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior firmaron un convenio de colaboración en el año 2001, que se ha renovado y actualizado en varias ocasiones, para destinar a agentes veteranos a las sedes judiciales.
No obstante, la Guardia Civil y la Policía Nacional envían agentes de seguridad ciudadana en momentos puntuales. Es frecuente, por ejemplo, en la celebración de juicios en la Audiencia Provincial de Almería.
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