El sindicato UPLBA de la Policía Local reclama una ordenanza cívica

Contar con una ordenanza cívica o de convivencia. Esa es la petición que realiza el sindicato UPLBA (Unión de Policía Local y Bomberos de Almería) al alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, y para la que han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org.

Y es que sostienen desde este sindicato que la existencia de esta normativa, como sucede en otros municipios, es la manera en la que poder actuar en la mayoría de las llamadas que reciben en la sala de 092 y que se refieren a problemas de convivencia vecinal.

Así, a través de un comunicado de prensa explican que con una ordenanza de este tipo pueden actuar en “fiestas en domicilios, molestias vecinales, ruidos entre vecinos, música en los parques, prostitución en las calles, vehículos que circulan con música a fuerte volumen, deterioro de mobiliario público, bañarse en fuentes públicas” a las que actualmente por “el vacío legal y a la falta de normativa municipal” poco pueden hacer. 

De hecho, explican que en el caso de las fiestas en domicilios con música se podría sancionar si “la Policía Local acude en varias ocasiones a lo largo de la misma noche y continúa la fiesta, se les denuncia por la ley de seguridad ciudadana 4/2015, por desobediencia entre 600 y 3000 euros” una cuantía que nada tiene que ver con esta misma situación en otras localidades con ordenanza cívica en la que la sanción oscila entre los 150 y los 300 euros. 

Solicitud
Explican desde el sindicato que “las llamadas en cuanto a molestias vecinales y conductas incívicas, se cuentan por cientos en la base de datos de la Policía Local de Almería” cuando este tipo de llamadas “ocupan la mayor parte del servicio, especialmente por las noches, llamadas que se atienden de la mejor forma posible, pero sin ningún respaldo legal o instrumento para sancionar y corregir las malas conductas de algunos ciudadanos”. 

Aseguran que pasan turnos completos “tocando a las puertas de domicilios, intentando que un mal vecino deje de molestar a toda su comunidad, pero sin ningún argumento normativo para hacerlo ni darle una respuesta efectiva al vecino que no puede descansar”.

Esperan desde el sindicato policial conseguir el mayor número de firmas posibles y con ello, un importante respaldo a la hora de plantearle al alcalde que reabra un debate que no es la primera vez que se pone sobre la mesa en la ciudad.

Era finales del año 2010 cuando el entonces concejal de Seguridad y Movilidad, José Carlos Dopico, culminaba la elaboración de una ordenanza cívica para la capital almeriense tras dos años de trabajo. Se componía de 80 artículos que recogían desde el control de los gorrillas a la prostitución callejera, del vandalismo a la venta ambulante e incluso la presencia de ‘trileros’, la lectura de la buenaventura o incluso quienes te realizan trencitas en el pelo.

Establecía la norma infracciones leves, graves y muy graves que se correspondían con sanciones económicas desde los 30 a los 750 euros las leves, de 750 a los 1.500 euros las graves, y por último las muy graves van de los 1.500 euros a los 3.000.

Frenazo
Cuando todo estaba listo para aprobarse, en el mismo pleno en el que se debatía, era el alcalde de entonces, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, quien la paraba ante la falta de consenso sobre todo en la regulación de la prostitución callejera. 

Desde entonces, se habló en varias ocasiones de rescatarla pero con cambios, aunque finalmente su sucesora en el cargo, María Muñiz, descartó el texto considerando que complicaba más que ayudaba a la labor de la Policía Local. Ahora se reabre el debate.