“Nunca hubo un acuerdo previo al órgano administrativo que forzara o autorizara”

El juicio oral del denominado Caso Poniente comenzó este martes trabado por las dificultades técnicas. Los problemas en los sistemas de sonido y grabación de la vista convirtieron el reinicio de las sesiones en un caos, donde el tribunal hizo verdaderos esfuerzos por hacerse entender y, más aún, por ordenar las intervenciones de los letrados. La sala necesitó tres horas para sentar a los 44 acusados y 26 abogados, establecer un turno de palabra y solucionar los fallos de la megafonía, la grabación y videoconferencia con Sevilla.

Los magistrados estaban decididos a no consentir nuevos aplazamientos y pusieron todo su empeño en solventar un sinfín de objeciones planteadas por los letrados, incapaces de escucharse unos a otros por las deficiencias del sonido del pabellón habilitado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce.

Los interrogatorios comenzaron por el acusado José María Marañón, antiguo consejero de la empresa de servicios mixtos Elsur y presidente no ejecutivo de Agua y Gestión (Aygesa).  La declaración de Juan Enciso, exalcalde de El Ejido (PAL), se retrasó con el objetivo de conocer la versión de los directivos de la empresa mixta de servicios Elsur antes.

Marañón fue el primero de los procesados en comparecer, aunque solo respondió a preguntas del abogado de la defensa. Su testimonio clarifica la posición que presumiblemente tendrán los ex consejeros de Elsur durante el juicio por corrupción.
A saber, el acusado alegó que el Consejo de Administración no tenía labores ejecutivas sobre los contratos ni conocían el detalles de cada uno de ellos.

“Nunca fui empleado de Elsur ni directivo ni tuve delegada ningunas facultades del Consejo. Tampoco tuve poderes que pudiera ejercer individualmente. Pienso que me actuación en el Consejo fue siempre en el marco de un órgano colegial”, aseguró por videoconferencia.

“Los socios habían asumido que la gestión debía llevarla la Dirección General y que el Consejo no fuera ejecutivo”, continuó José María Marañón. “Nunca hubo un acuerdo previo al órgano administrativo que forzara o autorizara la firma de estos contratos. Los contratos fueron suscritos directamente por el director general”.

Contratos
De forma simplificada, la acusación cree que Elsur repartió contratos para servicios municipales por los que se cobraban mordidas y se realizaban una sobrefacturación, lo que costó supuestamente 71,5 millones a las arcas municipales de El Ejido.

En tal caso, Marañón desvincula a los consejeros de Elsur en esas irregularidades. “Las cuentas anuales estaban auditadas y, cuando venían, estaban comprobadas por un auditor externo. El grado de conocimiento del detalle no alcanzaba para definir los proveedores ni el tipo de contrato, aunque en términos generales la cuenta de explotación era razonablemente proporcional a los ingresos, los gastos y el resultado. Consecuentemente no había razón para sospechar que hubiese habido gastos que no estuvieran legitimados. No había razones para sospechar que se estaba haciendo ilegal”, expuso en el interrogatorio.

“Era el control habitual y normal para un tipo de sociedad como la que nos ocupa. Es casi imposible pensar que el Consejo de Administración llegue, descendiendo, a poder controlar tanto los contratos como los pagos”, concluyó. La Fiscalía Anticorrupción le pide 71 años de cárcel (a la espera de la retirada de la mitad de los delitos fiscales en las conclusiones).

El Caso Poniente estudia una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido entre los años 2002 y 2009. Entre los acusados figuran, entre otros, el exalcalde Juan Enciso y el exinterventor José Alemán, además de empresarios como José Antonio Amate, Juan Antonio Galán o Jesús Aragón.