La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado más de 1,1 millones de euros (1.129.112 euros) a la Diputación de Almería y los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. Esta cuantía cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, según establece la Orden que ha publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 12 de febrero.
Las ayudas se reparten entre la Diputación provincial (444.030 euros); y los ayuntamientos de Almería (177.612 euros), Adra (88.806 euros), El Ejido (120.526 euros) Níjar (88.806 euros), Roquetas de Mar (120.526 euros) y Vícar (88.806 euros). Y beneficiarán a unas 455 familias y 899 menores.
El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Rafael Ángel Pasamontes, ha subrayado el compromiso de su departamento “para proteger a los más vulnerables y combatir una pobreza infantil que en muchas ocasiones es estructural y se hereda de padres a hijos”. Así, estas ayudas económicas constituyen “un primer nivel de actuación y atención a la ciudadanía para el logro de unas mejores condiciones de vida, dado que funcionan como medidas preventivas para que los niñas y niñas puedan continuar con sus familias en casos de pobreza severa o exclusión”, ha destacado.
Este programa, dotado con 13.720.602 euros, tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores. En total, las ayudas beneficiarán a 92 entidades locales en toda Andalucía y para este periodo se prevé atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores.
Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.
En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las 8 diputaciones provinciales con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas.
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