La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería cerrará el próximo martes la fase de interrogatorios a los acusados del Caso Poniente con la comparecencia de los empresarios Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón y de Agustín Santaella, antiguo jefe del área de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido.
En la sesión del viernes, el tribunal escuchó las declaraciones de José Carlos, Francisco Javier y Gabriel Lirola, administradores de dos empresas familiares señaladas en la presunta trama. La Fiscalía acusada a los empresarios de presuntos delitos contra la Hacienda Pública y cohecho activo y pide para ellos penas de 22 años de cárcel (a la espera de la rebaja en la petición sobre los delitos fiscales).
Según la acusación, las empresas Hermanos Lirola y Contenedores Lirola tenían relaciones comerciales con Elsur y con el propio Ayuntamiento de El Ejido, con una facturación de 52,8 millones de euros entre 2002 y 2009 con cargo a fondos públicos de El Ejido. “El acusado José Antonio Alemán facilitó a los acusados las contrataciones referidas. A cambio, los hermanos Lirola, simulando prestaciones de servicios de Sistemas de Dirección a Contenedores Lirola bajo la fórmula de gestiones comerciales y control de gestión, es decir, de asesoramiento, le hicieron entrega de comisiones ilegales”.
Esta es la acusación y este viernes llegó el turno de la defensa. A preguntas del letrado José Luis Alabarce, los hermanos Lirola insistieron en que todos los servicios prestadores eran reales y correspondían a contratos legítimos suscritos con Elsur o el Ayuntamiento de El Ejido sin intermediación mendaz de nadie.
José Carlos Lirola se identificó como “el administrador real” de las empresas, mientras sus hermanos tenían responsabilidades en los trabajos y el personal. “Cada uno tenía sus funciones y no nos metíamos en las del otro”, señaló Gabriel Lirola a preguntas del fiscal. Los pagos, la gestión diaria, la negociación de precios y otras responsabilidades similares eran decisión de José Carlos Lirola. “Siempre yo, desde que empezamos”.
Hermanos Lirola renovó su contrato con el Ayuntamiento de El Ejido en 2015 y luego en 2018, es decir, mucho después de las detenciones de la Operación Poniente (octubre de 2009). “Los contratos se aprobaban en el pleno del Ayuntamiento”, insistió José Carlos Lirola para defender la legalidad de los acuerdos.
Los acusados también respondieron a las acusaciones de la Fiscalía sobre la simulación de trabajos entre Sistemas de Dirección (Alemán) y sus sociedades, que habrían presuntamente servido para la desviación de fondos públicos y el cobro de comisiones millonarias.
“Los contratos que hayamos firmado no son por Pepe Alemán ni mucho menos. Siempre se aprueban por pleno”, señaló José Carlos Lirola a preguntas de su letrado sobre la empresa Hermanos Lirola por contratos anteriores a 2005. Las empresas familiares realizaban trabajos de recogidas de basuras y distintos servicios de mantenimiento del municipio. Según la Fiscalía, Sistemas de Dirección les facturó a 3 millones a los Lirola.
Una planta
José Carlos Lirola señaló que la única relación profesional con José Alemán fue la mediación del ex interventor municipal en la compra de la planta de Ejido Medio Ambiente, una operación que calificó como “una estafa”. A preguntas del abogado José Luis Alabarce, el acusado explicó que Alemán medió para la compra de la planta en un momento en el que daba pérdidas. “Pensábamos que tenía un gran potencial”, afirmó.
Y luego, según su versión, también para una venta posterior por 13 millones de euros. “Alemán fue el que se encargó de buscar a los compradores y arreglar los papeles (...) pero luego no pagaron nada y todavía estamos negociando por lo penal”.
Los hermanos Gabriel y Francisco Javier apenas pudieron responder a alguna pregunta sobre las relaciones comerciales de aquellos años y, mucho menos, sobre presuntos acuerdos ilegales con Alemán para favorecer contratos a cambio de comisiones.
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