El Caso Poniente cierra los interrogatorios a los acusados con Aragón y Cuevas

El juicio oral del denominado Caso Poniente culmina los interrogatorios de los acusados en la presunta trama corrupta de Elsur en El Ejido. El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha necesitado de tres semanas de sesiones para cerrar la declaración de los 44 procesados.

Este martes comparecieron en el Palacio de Congresos de Aguadulce los últimos tres procesados, a saber, los empresarios Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón y el antiguo jefe del área de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido, Agustín Santaella.

Cuevas era socio del ex alcalde Juan Enciso y de los empresarios Juan Antonio Galán, Jesús Aragón e Isabel Carrasco (esposa del ex interventor José Alemán) a través de Gestora Ejidense, Clabert Gestión y Jardines del Alcor. Y, al mismo tiempo, era beneficiario de contratos para la prestación de servicios para el Ayuntamiento de El Ejido y para la sociedad mixta Elsur, epicentro del Caso Poniente.

No obstante, Cuevas matizó que “todos las facturas de Clabert Gestión tienen su origen en trabajos absolutamente efectivos y reales”. “Todas las empresas han declarado sus ingresos en el impuesto de sociedades”, añadió.

Ambrosio Cuevas señaló que el ex alcalde no medió de ninguna manera para favorecerle en contratos por la relación empresarial que les unía. “Juan Enciso jamás ha realizado ningún tipo de acto tendente a beneficiar a Gestora Ejidense”, señaló. Cuevas solo mencionó un caso en el que “quizás debía haberse salido del pleno”, en un “cambio de cuatrienio”.

Jesús Aragón, por su parte, mantuvo una línea similar en su declaración. La Fiscalía asegura que el empresario tenía relaciones societarias con Enciso y Alemán a los que habría efectuado los pagos, entre los años 2005 y 2006, en concepto de comisiones ilícitas. Sobre los 76.000 euros presuntamente entregados al ex interventor municipal de El Ejido, José Alemán, el empresario Jesús Aragón alegó que era el pago por un servicio de asesoramiento para un proyecto turístico en El Ejido.

“Tenía la idea de una escuela de golf en un segundo campo en Almerimar. El golf es un mercado de acceso muy restringido y no tenía contactos. Yo tenía un conocido común y fuimos al despacho de Sistemas de Dirección (Alemán). Me lo presentó hicimos algunos viajes a Madrid. Estuvimos valorando algunos proyectos”. La asesoría le costó, según su versión, esa cantidad. Aragón niega que fuera una comisión ilegal.

Del mismo modo, Anticorrupción afirma que que Aragón facturó casi seis millones de euros a Alvari Multiservicios, sociedad que tenía “convenios urbanísticos con el Ayuntamiento de El Ejido para fundamentalmente para la recalificación del suelo”.
Aragón aseveró que medió para un proyecto para “un residencial turístico de segundo nivel” .

“La bolsa que yo propuse estaba alrededor de San Agustín”, detalló. El acusado insistió en que no cobró totalmente las cantidades pactadas para esas gestiones en 2005 y 2006, de las que ofreció muchos detalles en su declaración, pero rechazó igualmente que fuera un servicio ficticio.

La Fiscalía asegura, sin embargo, que “la alta cuantía del precio pagado por Alvari puede concluirse que en realidad lo que se pagó fue la intermediación del acusado Jesús Aragón García mediante el pago de comisiones ilícitas para obtener decisiones municipales favorables en la calificación de los terrenos”.

Funcionario

Finalmente, compareció el jefe del área de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido, Agustín Santaella, acusado de un presunto delito de malversación de fondos públicos. Según la acusación, “el Ayuntamiento de El Ejido contrató con Elsur numerosos servicios de asistencia técnica en las obras municipales que, posteriormente, fueron subcontratados por la empresa mixta a Urdial-Maryya SL (fundada por el hijo del acusado y otras dos personas señaladas como testaferros por la investigación”.

“Las asistencias y direcciones de obra fueron realizados por funcionarios adscritos al área de obras públicas, a quien su jefe, el acusado Agustín Santaella Rodríguez les encargaba la realización de los mismos fuera de su horario laboral en sus estudios privados ya que eran arquitectos e ingenieros”, dice Anticorrupción”.

En cambio, Santaella afirmó que los trabajos fuera de canon tenían un control “muy riguroso”. “Era el concejal delegado o la persona nombrada por el concejal para dar la autorización para un trabajo extraordinario”, detalló. Los pagos se aprobaban en pleno y se adecuaban a un “cuadro de precios”, según su versión.

Además, insistió en que el área de Obras Públicas no tenía “conocimiento sobre el pago del IVA, el NIF o  la razón social”. “Nosotros teníamos conocimientos de tornillos, cables o ladrillos. Certificamos lo que se ha puesto. Eso motiva una factura para que el proveedor cobre, pero discutíamos con Hacienda si teníamos o no que firmar las facturas”.  La acusación cree que estos trabajos extraordinarios, fuera del canon que se pagaba a Elsur para servicios municipales, se usó presuntamente para desviar fondos públicos gracias a una facturación falseada.

Según los informes de Hacienda, Urdial-Maryya SL engordaba las facturas un 10 por ciento y luego Elsur hacía una mordida de otro 8 por ciento. Por tanto, el Ayuntamiento de El Ejido pagaba supuestamente un sobrecoste del 18 por ciento. Agustín Santaella dijo que “para nada” Urdial pagó a ninguno de los acusados y que tampoco se aprovechó económicamente.