El Ingreso Mínimo Vital llega en marzo a Almería

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a 5.615 hogares almerienses donde viven 16.444 personas, de las que 9.328 son adultos y el resto, 7.116, menores. El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente Arias, ha destacado que el IMV está siendo “especialmente eficaz” en la lucha contra la pobreza infantil. En este sentido, cabe destacar que el Gobierno ha destinado más recursos que cualquier administración autonómica con estas competencias en un año normal. 

Desde el inicio de la tramitación, como así ha sucedido, se ha ido avanzando en la cifra de hogares protegidos, lo que ha permitido que se haya pasado de las 640 unidades familiares que el pasado mes de octubre ya disponían de la prestación a los 5.615 hogares actuales.

La prestación media reconocida asciende a 460 euros al mes. El Ingreso Mínimo Vital cubre la diferencia hasta un umbral de renta garantizado que varía en función del tipo de hogar contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. 

El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.

Por edades, de media, los titulares del Ingreso Mínimo Vital tienen 43,51 años. El grupo más numeroso son las personas entre los 36 y los 45 años, que superan el 36% del total. Por género, más del 70% de los titulares de la prestación son mujeres y también son mayoría entre los beneficiarios, con 316.163 mujeres que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el Ingreso Mínimo Vital.  

En concreto, hasta el cierre de la nómina de marzo, el INSS ha recibido, a nivel nacional, 1,15 millones de solicitudes válidas desde que se puso en marcha la prestación, hace nueve meses. De ellas, más de 800.000, más del 75% del total, se han tramitado, con más de 210.000 prestaciones aprobadas y 600.000 denegadas. Otras 62.000 están en proceso de subsanación, es decir, que se ha reclamado al solicitante o a alguna administración información para completar el expediente.

En su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.