Después de tres semanas de interrogatorios donde la voz de las defensas ha resonado por encima de las acusaciones y las coartadas por encima de los indicios, el juicio del Caso Poniente gira para explorar una nueva vía. Este lunes comparecieron en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce dos testigos protegidos y un inspector jefe de la Policía Nacional. Testimonios de cargo, en varios sentidos.
Los testigos no fueron tan asertivos como muestran sus declaraciones en el inicio de la instrucción, allá por el año 2009, pero aportaron un ramillete de imputaciones severas contra los acusados. El primer testigo protegido confirmó trabajos particulares con cargo a la sociedad mixta Elsur, como las obras realizadas en el cortijo de Juan Enciso en Bayárcal o la sede del PAL, partido del ex alcalde de El Ejido.
El entonces trabajador de Elsur aseguró que había empleados de las subcontratas que llevaban los mismos uniformes que el suyo. Las acusaciones mantienen que la presunta trama desvió fondos públicos de El Ejido apostando por una subcontratación de servicios públicos.
Por su parte, el segundo testigo protegido (con la voz distorsionada) arrojó luz sobre la reiteradamente mencionada sobrefacturación con cargo a las arcas públicas de El Ejido. El declarante tenía un puesto directivo en las sociedades de los hermanos Lirola (acusados) y aseguró que, aunque los proyectos presentados para la prestación de servicios al Ayuntamiento eran reales, luego no se efectuaban totalmente.
“No teníamos ni el personal ni los medios materiales para hacerlos”, señaló en su declaración. “Mi trabajo era preparar el canon y defenderlo ante los funcionarios del Ayuntamiento. Si se llevaban a cabo los trabajos el proyecto era perfecto, pero ya no era mi función si se compraba la maquinaria o si teníamos el personal”, explicó.
Además, el testigo narró un episodio donde acompañó a Juan Carlos Lirola a entregar un sobre con 180.000 euros al despacho del entonces alcalde. “Sucedió tal y como relaté en mi declaración. Existió ese sobre y yo se lo entregué a Lirola. Yo me quedé en el Ayuntamiento de El Ejido, pero fuera”, indicó.
Según su relato, el empresario presuntamente accedió al despacho del Juan Enciso, salió a buscar el sobre y volvió a entrar. Al salir por segunda vez ya no llevaba el dinero encima. El testigo, no obstante, matizó que no vio quién había dentro de la habitación. Preguntado por las partes, confirmó en varias ocasiones que tenía sospechas de irregularidades en el grupo Hermanos Lirola. “Me decían que no preguntara y yo no lo hacía”.
La defensa de estos empresarios, ejercida por el letrado José Luis Alabarce, trató de desacreditar al testigo alegando que fue despedido por apropiarse de dinero de la sociedad, una acusación que fue cortada en sala por la magistrada Társila Martínez.
El testigo protegido elaboró informes para justificar los trabajos realizados por el grupo Lirola a petición de un funcionario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que trataba de verificar si eran servicios reales. Preguntado por estos informes, el declarante respondió: "El papel lo aguanta todo".
Policía Nacional
Por otra parte, este lunes compareció por videoconferencia un inspector jefe de la Policía Nacional implicado en la investigación del Caso Poniente. Su informe es muy complejo y es prueba de cargo contra los 44 acusados en el proceso, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
Afirmó que su investigación comenzó con los indicios de “sociedades instrumentales” constituidas por el empresario José Amate y familiares directos. “En un 80 o 90 por ciento eran empresas constituidas para operar con Elsur”, declaró. “Me llamó la atención, había una voluntad de fraccionar los pagos para no levantar sospechas (...) eran sociedades factureras para tratar de aligerar la carga fiscal de las empresas”.
El agente señala a Alemán como presunto urdidor. “A todo el que conseguía dinero del Ayuntamiento de El Ejido, le daba algún tipo de servicio el señor Alemán. El dinero viene de origen de Elsur y acaba en Sistemas de Dirección (empresa de Alemán”. La Fiscalía Anticorrupción cree que el ex interventor municipal realizaba mordidas a cambio de la mediación para favorecer a empresas en contratos públicos.
El informe del inspector fue muy cuestionado por las defensas, como era previsible. No jugó a favor del agente la dificultad para responder a preguntas sobre investigaciones complejas realizadas hace 12 años. No obstante, se ratificó en el contenido de su informe y detalló en sus conclusiones "mecanismos típicos de blanqueo de capitales".
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