El dilatado calendario del juicio oral del Caso Poniente, programado hasta el próximo verano, marca en rojo un puñado de sesiones estratégicas para el esclarecimiento de la presunta trama de corrupción en la sociedad mixta de servicios Elsur. La declaración de Juan Enciso y José Alemán, los testigos protegidos, el inspector de la Agencia Tributaria, el instructor policial… y Francisco Sánchez.
El ex letrado del Ayuntamiento de El Ejido colaboró con la Fiscalía Anticorrupción meses antes de la irrupción de la Policía Nacional en el Consistorio en octubre de 2009 y aportó documentos, fechas, nombres y cantidades para armar la acusación. El testigo compareció este jueves en la sala de vistas del Palacio de Congresos de Aguadulce.
Su relato era esperado, en varios sentidos. Quizás por eso, cuando la magistrada Társila Martínez decidió hacer un receso de diez minutos en mitad del interrogatorio, hubo carreras y nervios para evitar que el testigo entrara en contacto con otras personas. “Vete con él, que no hable con nadie”, decía un abogado. “Esto es intolerable”, respondía otro más allá. “No puede entrar en contacto con otros testigos ni con la prensa”, advertía la presidenta del tribunal.
En el álbum de fotografías de un juicio con tintes históricos para la provincia de Almería, aparecerá inevitablemente la escena del testigo fumando a las puertas del edificio, acompañado de un trabajador y vigilado a unos metros por los abogados de las defensas en el descanso de la sesión.
Su declaración fue un mosaico de datos, experiencias y valoraciones y, ciertamente, el dibujo final resultó caótico. El testigo mostró un conocimiento profundo del funcionamiento de la presunta trama corrupta y respondió a todas las preguntas con buena memoria, pero se perdió en una avalancha de detalles poco concluyentes.
Con todo, mantuvo con firmeza la acusación. Según su relato, conoció las irregularidades inicialmente a través de unos trabajos de asesoramiento jurídico a las subcontratas de Elsur y allí descubrió lo que define como “el pastel”. “Cuando me encuentro con las subcontratas se me ponen los pelos como escarpias (…) Todas las empresas de la sociedad Amate estaban domiciliadas en la sede de Elsur. Era una brutalidad”, señaló en su declaración. “Allí mentía todo dios, era para volverse loco”.
Las subcontratas de Elsur y la denuncia
Francisco Sánchez afirmó que existía una cesión ilegal de trabajadores y que puso el caso en conocimiento del alcalde Juan Enciso. “Todo el personal técnico y administrativo de las subcontratas estaba en las oficinas de Elsur”.
La acusación considera que el sistema de subcontratación se utilizó como el medio para desviar fondos públicos de las arcas de El Ejido y para el cobro de comisiones ilegales. Para ello, según el escrito fiscal, se falseaban facturas y partes de trabajo. Se sobrefacturaban servicios en una red de empresas para un presunto saqueo total de 70 millones de euros.
El ex letrado del Ayuntamiento de El Ejido puso a disposición del fiscal anticorrupción Jesús Gázquez los documentos de 20 archivadores que sirvieron de soporte para edificar este macroproceso con medio centenar de acusados. “Sobre esos archivadores, me llamaron muchos trabajadores que colaboraron conmigo y me dijeron que se iban a destruir”, explicó. “Mi único interés era la defensa del dinero público de El Ejido”, aseveró el declarante.
Sobre el ex alcalde Juan Enciso, el testigo aseguró que le comunicó las presuntas irregulares detectadas en Elsur, sin embargo, no vio ningún cobro de comisiones ilegales. “Enciso no me consta que cobrara nada”, afirmó. “No vi sobres (...) Regalos no vi nunca”, respondió a preguntas del letrado Francisco Torres.
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