La Ley andaluza contra el fraude “reforzará el control de los abusos de poder”

La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez, han presentado este viernes, junto a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, y el delegado territorial de Regeneración en Almería, José Luis Delgado, el Proyecto de Ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante, que prevé la creación de la Oficina contra el fraude y que la Cámara andaluza está tramitando por vía de urgencia para tratar de aprobarla antes de verano.

El texto ya superó el debate a la totalidad sin que ninguno de los grupos parlamentarios presentara enmiendas totales para tumbarlo y ayer terminó el plazo para que presentaran enmiendas parciales al articulado que finalmente se debatirá en el Pleno.

La secretaria general de Regeneración ha expuesto los aspectos fundamentales de esta norma que “pretende controlar los usos que se han hecho de la Administración y los abusos de poder” mediante la creación de un organismo independiente de control como es la Oficina contra el fraude la corrupción, adscrita al Parlamento.

Gómez ha explicado que esta Oficina tendrá como funciones “prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas que durante años tanto daño han hecho a la imagen de Andalucía”.

Independencia “Estará adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Gobierno de turno y será dirigida por una persona de reconocido prestigio y experiencia, elegida por la Cámara por una mayoría cualificada y con un mandato de cinco años improrrogable”, ha explicado Gómez. Su personal estará formado por funcionarios de carrera que tendrán la consideración de autoridad pública.

“Además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones, como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas”, ha detallado la responsable de Regeneración en la Consejería que dirige Juan Marín. Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta y sus entes instrumentales, sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas, así como a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones.

Gómez ha destacado que una de las “piezas claves” de la norma es la protección del denunciante, “garantizando la confidencialidad pero también ofreciendo asesoramiento jurídico y psicológico porque durante el profeso de elaboración del texto, en la Secretaría nos hemos reunido con colectivos de denunciantes y hemos visto que llegan echos polvo cuando se enfrentan al día a día tras haber denunciado a sus jefes”. 

Protección a funcionarios Conscientes del papel que juegan los funcionarios y empleados públicos para destapar malas prácticas en la Administración pública ya que “son los primeros que ven pasar casos de corrupción, el texto contempla una protección especial para ellos ofreciéndoles la posibilidad de un traslado a un puesto sin que su retribución ni su día a día se vea afectado”. “Todas son garantías que refuerzan que estas denuncias lleguen cuanto antes para que se puedan abordar los casos de corrupción de inmediato”, ha defendido la responsable de Regeneración en el Gobierno andaluz.

El texto incluye una modificación de la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos para “impedir que sean titulares o autorizados de cuentas en paraísos fiscales y legislar algo que este Gobierno ya está aplicando de facto como es apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la Administración andaluza. La Oficina asumirá también las sanciones en estos casos, algo que hasta ahora hacía el Consejo de Gobierno, lo que supone un plus más de garantía al encargar el control del Ejecutivo en esta materia a un órgano independiente”.

Apuesta por la  regeneración y la transparencia Por su parte, el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, José Luis Delgado, ha defendido que “la apuesta de este Ejecutivo andaluz con la regeneración y la transparencia es firme. De hecho, en el reciente acuerdo de garantía de estabilidad suscrito por las dos formaciones que componen el Gobierno, Cs y PP, se incluye el compromiso para la profundización en la regeneración democrática y la política de reformas, tras décadas de mala gestión y corrupción de los gobiernos socialistas en Andalucía”.  

Ha recordado que, además de esta ley, desde la Consejería que lidera Juan Marín ya están en marcha otros instrumentos como las directrices que regulan el sistema de selección y evaluación de las personas que ocupan cargos directivos en las entidades instrumentales y desde el Parlamento la reforma del Reglamento de la Cámara aprobada en Pleno esta semana.

Asimismo, el fin de los aforamientos o la limitación de mandatos son otros compromisos en marcha como “estructuras y herramientas para controlar al Gobierno” donde “el Parlamento como poder Legislativo y representación de la voluntad popular debe tener un papel fundamental”.

"Hito histórico" Por su parte, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha calificado el Proyecto de Ley contra el fraude de “hito histórico” y ha destacado que su tramitación por vía de urgencia, que supone acortar los plazos, demuestra que “hay voluntad de que cuanto antes esté en vigor”. La previsión es que pueda aprobarse antes de verano.

Tras superar el 10 de marzo el debate a la totalidad sin que ningún grupo presentara enmiendas totales para tumbar el texto, y una vez que el pasado 19 de abril comparecieron sindicatos, empresarios, la Fiscalía, el TSJA, el Defensor del Pueblo y un total de 15 agentes sociales para hacer sus aportaciones, el jueves concluyó el plazo para que los grupos plantearán enmiendas parciales al texto que “el próximo 5 de mayo serán calificadas por la Mesa del Parlamento”.

En total se han presentado 178 enmiendas al articulado (35 del PSOE, 4 de Cs y PP, 39 de Vox, 11 de Adelante Andalucía y 89 de diputados no adscritos). Una vez determinadas las que se admiten a trámite, en la Comisión se debatirá la ponencia para determinar las que se suman al texto final o se transaccionan hasta elaborar un dictamen con el texto definitivo que se aprobará en Comisión y pasará al Pleno para su debate.

“Esperamos que en el mes de junio o julio vaya a Pleno el debate final y cuenta con una amplia mayoría”, ha señalado Bosquet, quien ha explicado que tras ello hay tres meses para crear la Oficina y nombrar al director, “nombrado por el Parlamento al que deberá rendir cuentas, garantizando así su independencia”. El Presupuesto de 2021 ya prevé una partida de más de 200.000 euros para la puesta en marcha de la Oficina antes de que acabe el año.

Tanto los responsables de Regeneración de la Junta como la presidenta de la Cámara han destacado que esta ley busca “borrar la imagen de Andalucía asociada a la corrupción” y han destacado que con la llegada del actual Gobierno de Cs y PP “ya no se habla de corrupción y ha pasado de ser la tercera preocupación de los andaluces al sexto lugar”.