Cinco acusados en el Caso Poniente quedan libres tras retirarse los cargos

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería acogió este viernes la primera sesión de conclusiones en el juicio oral del Caso Poniente. Las acusaciones mantienen las peticiones de cárcel para los principales procesados, pero exoneran ‘de facto’ a cinco de los encausados.

El Ministerio Fiscal retira la acusación contra Rafael Barco, considerado inicialmente por la investigación como un testaferro del empresario José Amate. Se le pedían 15 años de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de malversación de caudales públicos, además de una multa de 4,1 millones de euros.

Las cuatro acusaciones consideran que no ha quedado demostrado que tuviera conocimiento o participara de las presuntas actividades irregulares de Amate, beneficiario de fondos de Elsur a través de subcontratas. Rafael Barco y su letrada abandonaron la sala sin necesidad de continuar con los informes.

Por su parte, la acusación del Ayuntamiento de El Ejido y la acusación de Izquierda Unida han retirado también las imputaciones frente a Ramón Vadillo, Diego Méndez, Jaime Cabrales y David Medinilla. Se trata de presuntos ‘moduleros’ de José Amate y se les pedían penas de prisión de tres años y seis años y medio. Ahora quedan libres de responsabilidad, sin necesidad de esperar a conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería.

El sexto beneficiado de esta sesión de conclusiones es Juan Julián Hernández Venzal, reseñado por la Fiscalía como “colaborador de Alemán y Ambrosio Cuevas”. La Fiscalía aplica una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas y rebaja la petición de seis años de prisión a un año medio. También se han disminuido las solicitudes de prisión para las hermanas Barco Oyonarte, para Manuel Castro y para Alberto Amate.

En cualquier caso, se trata de personas con un papel muy secundario en la llamada Operación Poniente, que apenas han aparecido en el desarrollo de las pruebas del juicio y que ahora, 11 años después de la irrupción de la UDEF en El Ejido, quedan libres de cargos.

Por otro lado, el fiscal confirma las modificaciones anunciadas en las ‘cuestiones previas del juicio’ sobre su escrito provisional de acusación. Dicho de otro modo, Jesús Juan Cruz del Pino ratifica que considera prescritos los delitos fiscales entre 2002 y 2006 y que las posibles penas deben ser rebajadas.

Así pues, la petición de prisión el ex alcalde Juan Enciso y el ex interventor José Alemán pasa de 64 a 40 años de prisión. Para el empresario José Amate la acusación fiscal pasa de 97 años de prisión a 37 años, para Juan Antonio Galán de 174 años de prisión a 94 años y para Ambrosio Cuevas de 73 años de prisión a 25.

Defensas

Las defensas, de manera general, han elevado sus conclusiones provisionales a definitivas. Solicitan la absolución de los acusados, la prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública y la aplicación de atenuantes.

Este último apartado es relevante porque el proceso anticipa la reducción de hipotéticas condenas. La instrucción se extendió durante años, tuvo parones a la espera de los informes periciales (especialmente de la Agencia Tributaria) y sufrió cambios de juez. Las detenciones se produjeron el 20 de octubre de 2009. El juicio comenzó más de 11 años después.

La conclusión es la petición de las defensas de la aplicación de una “atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas” que rebajaría dos grados las condenas. Además, en algún caso se reclamó una segunda atenuante por la reparación del daño (se habrían depositado cantidades económicas).