La Abogacía del Estado toma el mando de la acusación del Caso Poniente

El informe final de la Abogacía del Estado protagonizó la jornada del miércoles en la vista oral del juicio del Caso Poniente, que examina una presunta trama de corrupción en El Ejido entre los años 2002 y 2009 con un desfalco de 71 millones de euros.

María Dolores Domínguez repartió sus conclusiones en “cinco tramas fiscales”, que hurgan en la herida de los procesados y apuntalan la versión ofrecida la pasada semana por el fiscal Jesús Juan Cruz.   La letrada demostró nuevamente su profundo conocimiento del caso.

El primer bloque, más extenso, abordó la “defraudación fiscal originada por la sobrefacturación” de las empresas subcontratadas por Elsur y a “la defraudación mediante gastos no deducibles”, en alusión a comidas, viajes y obras particulares ajenas a los servicios municipales por los que pagaba el Ayuntamiento.

La acusación del Estado describió el mecanismo que, a su juicio, se utilizó para desviar fondos públicos millonarios a bolsillos de particulares. “La sobrefacturación se produjo por la facturación de servicios a precios desorbitados, obteniendo las subcontratas un enorme margen de beneficio que han camuflado con gastos ficticios no relacionados con la actividad”, señaló la abogada.

La Abogacía del Estado solicita penas de prisión por delitos contra la Hacienda Pública por fraude fiscal en el IVA y el impuesto de sociedades. La acusación sostuvo sus argumentos esencialmente sobre los profusos informes elaborados por los peritos de la Agencia Tributaria y sobre la declaración de los testigos sobre la alteración de facturas y partes de trabajo que, a su juicio, confirman cómo se engordaron las cuentas con cargo al canon del Ayuntamiento de El Ejido.

Subcontratación
La Abogacía del Estado dedicó buena parte de su Intervención al papel de la empresario José Amate, también miembro del consejo de administración de Elsur, dentro de la supuesta trama corrupta. Igualmente detalló las presuntas mordidas del ex interventor municipal José Alemán, especialmente a través de las empresas del Grupo Lirola.

Por parte, subrayó las responsabilidades de Elsur, participada en un 70 por ciento, en el cumplimiento de los servicios firmados. “El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio”. El argumento trata de neutralizar la posición de las defensas sobre la falta de vigilancia y control del Ayuntamiento de El Ejido, que debía visar el buen desarrollo de los servicios municipales.

La Abogacía del Estado subraya que Elsur tenía responsabilidades en la adecuada prestación y ejecución y que la subcontratación posterior era una herramienta para el supuesto desvío de fondos. “Si lo que se pretende es que, a través de la creación de una sociedad mixta, se preste el servicio con una única plantilla, ¿qué sentido tiene luego que se subcontrate y se preste con otras plantillas? Pues ninguno”.

La próxima sesión reserva el turno para las dos acusaciones restantes, ejercidas por Izquierda Unida y por el Ayuntamiento de El Ejido y el Partido Popular conjuntamente. La Fiscalía solicita 40 años de prisión para el ex alcalde Juan Enciso y para el ex interventor municipal José Alemán. El juicio comenzó en febrero y se desarrolla en el Palacio de Exposiciones de Aguadulce  por la necesidad de un espacio seguro frente al coronavirus. Se espera poder acabar en julio.