María de los Ángeles Fernández Tío, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, que instruye el ya conocido como caso mascarillas en la Operación Lúa de la Guardia Civil, tomó esta noche declaración a más de una decena de investigados tras pasar a disposición judicial por su presunta relación con una compra de material higiénico-sanitario al principio de la pandemia, por parte de la Diputación de Almería, y el supuesto destino del dinero a una organización presuntamente dedicada al tráfico de drogas.
La decisión de la magistrada es que el exvicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Almería, Óscar Liria Sánchez, debe ingresar en prisión, comunicada y sin fianza.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña apuntaron que, al menos, hasta las ocho de la tarde de ayer no habían comenzado los interrogatorios a las personas investigadas en dependencias de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
Lo más probable, apuntaron otras fuentes, es que el auto que ha de dictar la magistrada Fernández Tío no se diera a conocer hasta entrada la madrugada del jueves al viernes, como así ha ocurrido.
En concreto, pasadas las doce y media de la noche de hoy viernes este es el comunicado del TSJC.
"La magistrada del juzgado de instrucción 8 de Barcelona ha tomado declaración, entre ayer y hoy, a los 13 detenidos en relación al procedimiento que tiene abierto por los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la administración pública y blanqueo de capitales, y de la que estos días se han estado practicando entradas y registros, también en la provincia de Almería.
La magistrada ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para 3 de los detenidos (los únicos para los que fiscalía lo ha solicitado) entre los cuales se encuentra el Vicepresidente 3º de la Diputación de Almería.
Los otros 10 detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias quincenales en el juzgado".
Cinco provincias
En la Operación Lúa, instruida desde la Ciudad Condal con la participación de agentes, entre otros cuerpos, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría al menos 11 detenidos y registros en cinco provincias, entre ellas Almería.
En esta provincia, a falta de confirmación por fuentes oficiales, habrían sido detenidos el ya exvicepresidente tercero de la Diputación y responsable de las áreas de Fomento, Medio Ambiente y Agua, Óscar Liria, y un hijo del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Liria y Sánchez son afiliados del Partido Popular.
A Barcelona
Desconociéndose de manera extraoficial los delitos que se le imputaban, ambos fueron detenidos a principios de semana y trasladados desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería hasta los juzgados de Barcelona para su puesta a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 8.
Al concejal en Fines y diputado provincial le asiste como abogado el conocido penalista almeriense Francisco Torres.
Otro detenido sería Kilian López Solé, con orígenes familiares también en Fines y responsable de la empresa (Azor Corporate Ibérica) con la que Diputación concertó la compra de 500.000 mascarillas contra el Covid-19 y otro material preventivo.
Diputación ha requerido a Azor la devolución de 39.000 euros por incumplimiento de un contrato que superó los dos millones.
Versión oficial
La única información oficial que ha trascendido fue la transmitida por la Guardia Civil pasado el mediodía del pasado martes, en pleno registro de inmuebles de carácter público y privado y de requerimiento de información en el caso de la Diputación de Almería.
“El beneficiario de las adjudicaciones pertenece a una organización criminal vinculada al narcotráfico”, precisó la Benemérita.
Añadían, en la página web de la Guardia Civil, que la investigación se inició a principios del año 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia “de una organización criminal afincada en Cataluña y dedicada al tráfico de drogas, a la cual está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas”.
Apostillaban también que tras la adjudicación del contrato “se habrían pagado comisiones a un cargo público”. No se especificaba de quién se trata.
La Operación Lúa se ha desarrollado en los últimos días en las provincias de Almería, Murcia, Barcelona, Gerona y Palma de Mallorca, si bien algunas fuentes apuntan también a registros en la Comunidad Valenciana.
La UCO está apoyada por efectivos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, EUROPOL y agentes de varias comandancias, entre ellas la de Almería.
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