Más de 8.000 interinos están pendientes de conseguir su plaza en Almería

Más de 8.000 trabajadores de las distintas administraciones en Almería podrán verse afectados por el decreto ley de estabilización del empleo público aprobado este miércoles en el Congreso de los Diputados para reducir la temporalidad, y que permitirá realizar oposiciones no eliminatorias, en las que no tendrían que participar quienes hayan ocupado una plaza de forma ininterrumpida en los últimos diez años que no haya salido a concurso.

Con este decreto, el Gobierno pretende reducir la tasa de temporalidad entre funcionarios públicos del 28% al 8%, y estabilizar la situación de unos 300.000 interinos, tal y como exige la Unión Europea. 

Los líderes en Almería de los tres principales sindicatos que han negociado con el Gobierno este decreto sobre los interinos -CSIF, UGT y CCOO- han coincidido en expresar su satisfacción porque el Ejecutivo se haya decidido a poner fin a una situación que consideran muy injusta para los trabajadores, “porque la mayoría se encuentran indefensos e incluso en una situación de fraude de ley”, como dice Juan Fernández, presidente provincial de CSIF. 

Pero al margen de esta satisfacción inicial, Fernández, como también han puntualizado otros sindicatos, advierte de que la CSIF defiende “ante todo que exista una seguridad jurídica” y por tanto que el procedimiento que  se acuerde cumpla rigurosamente lo marcado “en las leyes y en la Constitución”. 

Recelo Y es que Juan Fernández ve con recelo algunas de las novedades anunciadas  durante el pleno en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el hecho de que quienes lleven más de 10 años como interinos y ocupen una plaza que no haya salido a concurso se librarán de concurrir a una oposición. 

“Ahora más que nunca hay que trabajar por reducir los interinos, pero hay que hacerlo conforme a la ley, pues de otra forma habría que plantear incluso cambios en la Constitución”, dice.

Además, plantea que ese tope fijado en los 10 años puede provocar una gran incertidumbre entre los trabajadores, que a su entender puede dar lugar a problemas futuros. “¿Por qué 10 y no 8, o 6, si es algo legal?”, se plantea. 

Juan Fernández expone que la postura de la CSIF es la de ser “cautos hasta comprobar cuál es la argumentación jurídica de la normativa y sobre todo comprobar que se ajuste a la legalidad para que el proceso se lleve a cabo con las máximas garantías”. 

CCOO: "Nadie va a entrar por la puerta de atrás" Antonio Valdivieso, secretario general de CCOO en Almería, considera que lo fundamental  de este decreto ley es que “se pueda acabar con la tasa de temporalidad, que es algo tan importante para una persona como tener seguridad en su trabajo”, aunque por supuesto también considera que el proceso debe reunir todas las garantías jurídicas.

“Nadie va a conseguir una plaza de un plumazo y nadie va a entrar por la puerta de atrás, se va a hacer mediante un concurso oposición y de acuerdo a la ley”, dice. 

Respecto a las dudas planteadas por otros sindicatos, como el plazo de 10 años, Valdivieso dice que “siempre hay que establecer límites, y en cualquier caso no estamos hablando de un proceso cerrado, puesto que deberá establecerse un calendario para nuevos acuerdos en la función pública”, afirma.

"Estaremos vigilantes" Carmen Vidal, secretaria general en Almería de UGT, prefiere no valorar el plazo de 10 años para acceder a la plaza “porque ha sido propuesto por partidos políticos”, y esperará a comprobar “cómo es el desarrollo de la norma”.

“¿Hasta qué punto puede ser así cumpliendo la legalidad?”, se pregunta, no obstante, para plantear a continuación que UGT va a “exigir ante todo que esa norma se atenga escrupulosamente a la Constitución”, para evitar una posible “indefensión de los interinos, que al final podrían verse en la calle por un vacío legal”.

Vidal coincide con sus compañeros al afirmar que lo más importante es acabar con la indefensión en que se encuentran miles de trabajadores y que la norma se desarrolle sin injusticias ni ilegalidades. “Estaremos vigilantes para que sea constitucional”, concluye.

Más del 20% en todos los sectores, salvo Administración del Estado Según datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Almería , en la provincia habría unos 8.000 interinos -a fecha de 31 de diciembre de 2019-, a los que habría que añadir alrededor de 2.000 más por los refuerzos durante la pandemia.

De estos 2.000 refuerzos, 1.800 son de Educación, sector que concentraría el mayor volumen de interinos, con un total, teniendo en cuenta los refuerzos, de 3.800. En la Sanidad, por su parte, habría alrededor de 3.000 interinos, por 2.000 en la Administración Local; 700 en la Administración Autonómica; 140 en la Administración Estatal, 140 en Justicia y alrededor de una veintena en la Universidad de Almería.

En todos los sectores el porcentaje de interinidad en la provincia supera el 20% -en la Administración Local se elevaría incluso por encima del 25%, según las cifras del sindicato-, menos en la Administración del Estado, que es la única que cumpliría la normativa europea, con un índice de ‘solo’ el 8%.

Si en Andalucía se calcula que son más de 100.000 lo trabajadores en situación de interinidad, en  España hay casi 700.000.