Las 2.000 actas de sanción efectuadas por la Policía Local de Almería durante el primer estado de alarma decretado por el Gobierno a raíz de la crisis sanitaria del covid-19, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, quedarán sin tramitar tras la decisión del gobierno local de no cobrar las multas interpuestas en este periodo.
En su mayoría, se trata de actas levantadas por los agentes durante el periodo de confinamiento a aquellas personas que se encontraban en la vía pública o trataban de salir de la ciudad sin un motivo justificado, sentido en el que se les interponía una multa por desobediencia en virtud de la normativa estatal del momento, según ha detallado el Ayuntamiento.
En este sentido, el volumen de sanciones interpuestas por los agentes fue disminuyendo conforme se aplicó el sistema de desescalada por parte del Ejecutivo, lo que permitió recuperar la movilidad gradualmente. Así, durante la dos semanas de marzo en las que se inició el confinamiento se interpusieron 815 multas frente a las 844 que se desarrollaron durante todo el mes de abril.
Las sanciones, entre las que también se contabilizan aquellas vinculadas a reuniones multitudinarias o establecimientos que evitaron las normas de contención de actividad, bajaron durante el mes de mayo, cuando se levantaron 325 actas por parte de la Policía Local, que en el mes de junio puso únicamente 16.
Cabe recordar que durante este periodo ni el Gobierno ni las comunidades autónomas habían establecido aún la obligatoriedad de llevar mascarilla, cuyo uso en espacios abiertos y cerrados de uso publico quedó regulado en el caso de Andalucía a partir del 14 de julio de ese mismo año.
El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ya anunció el pasado lunes que la administración local no cobrará las multas del primer estado de alarma decretado por el covid-19 después de que el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional diera por inconstitucional el confinamiento. En este sentido, el Ayuntamiento no ha tramitado prácticamente ninguna de las multas, de forma que prevé un proceso para revertir aquellas que hubieran sido abonadas.
"Si el estado de alarma era ilegal, no tiene mucho sentido que nosotros cobremos por infringir algo que en teoría no debería haberse producido, no al menos en esos términos", explicó entonces el regidor almeriense a preguntas de los medios.
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