Esta semana la Audiencia Provincial de Almería acoge el juicio contra K.K, el hombre de 32 años de nacionalidad mauritana que fue detenido como presunto autor de la muerte de su pareja A.B., cuyo cuerpo fue encontrado en la planta de residuos de Gádor en avanzado estado de descomposición.
El cadáver fue hallado por un operario de la planta gadorense, tres días después del fallecimiento de la mujer.
Acusado de asesinato y denuncia falsa
La vista arrancará el 29 de septiembre con la constitución del jurado y la declaración del procesado, quien se enfrenta a un delito de asesinato, y por el cual la Fiscalía solicita 23 años de prisión para el acusado, así como otros diez de libertad vigilada.
Por su parte, la acusación particular también considera que concurren los delitos de denuncia falsa, lesiones psíquicas y contra la integridad moral. Por su parte, la madre de la víctima reclama una indemnización que la Fiscalía a estimado en 120.000€.
El presunto autor fue detenido en la T4 de Barajas
Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2018 y conllevaron la detención de K.K. nueve días después del crimen, cuando trataba de tomar un avión con destino Casablanca (Marruecos) en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas para evadir la acción de la justicia.
Según consta en el auto de los hechos, el crimen habría tenido lugar entre las 2,20 y 3,00 de la madrugada del 25 de septiembre de 2018, cuando el acusado se encontraba con su pareja sentimental A. B., de 28 años de edad, en el domicilio donde ambos convivían en Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar, donde habrían mantenido una “fuerte discusión” en la que ella le anunció que iba a terminar con la relación. “como acto de control y venganza” contra la mujer, el acusado habría utilizado un cable para estrangular a A.B, quien a pesar de su “resistencia” fallecería por asfixia mecánica.
Durante el proceso el jurado deberá determinar si el acusado concurrió en más delitos si se da por probado que, justo tras el hallazgo del cadáver, acudió de madrugada con la madre de la víctima a dependencias de la Guardia Civil para denunciar la desaparición de la mujer con “información mendaz”, al asegurar que la anterior pareja de la víctima “tenía una orden de prohibición de aproximación y comunicación respecto a ella, dictada en una causa por posible violencia de género”.
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